Sin aliados políticos no hay reforma electoral
La gestión del actual gobierno transcurre en una desesperante parsimonia. Esto ocurre mientras se buscan a toda costa establecer temas políticos que creen una agenda legislativa y un entramado legal que soporte la permanencia en el poder de la 4T y la relación con Donald Trump.
Esto retrasa la solución de los problemas más acuciantes que agobian a la población, como la inseguridad, la falta de oportunidades y las desigualdades sociales. Además, la precariedad de las finanzas públicas obliga al gobierno a posponer programas y recortar presupuestos.
La propaganda del oficialismo apunta siempre a que todo está bien, aunque la apabullante realidad y los datos duros digan lo contrario, pero eso qué importa mientras exista el recurso para fondear los programas de política asistencial y establezcan a rajatabla la narrativa oficial que les impida a los opositores toda posibilidad de acceder al poder, y por ello la reforma electoral es la máxima prioridad de la 4T para el periodo de sesiones en el Congreso que arranca el 1 de febrero, aunque ello implique llevarse entre las patas a sus aliados políticos del PT y PVEM, quienes no están dispuestos a perder sus canonjías y privilegios que les permite la representación plurinominal, la sobrerrepresentación en el Congreso y el financiamiento público.
En menudo lío ha metido Pablo Gómez, coordinador de la reforma electoral, a la jefa del Ejecutivo Federal, en virtud de que ha provocado una revuelta con tintes épicos en la granja, porque de ninguna manera los chicos del Verde y del PT van a doblegarse al aceptar que se cierren las posibilidades de llegar al Senado o a la colegisladora por la vía de la representación proporcional, ya que lograrlo de manera directa es una misión imposible y, si a ello le agregamos que el financiamiento público se acotará al máximo para la chiquillada, pues todo se le complica al grupo en el poder.
Hay que recordar que Morena no tiene los diputados y senadores suficientes para alcanzar las mayorías calificadas que se requieren para aprobar reformas constitucionales, como es el caso de la electoral. Por ello, debe diseñar la reforma electoral sin agraviar a los aliados, porque en una de esas, se quedan sin el preciado dulce.
Para garantizar el triunfo en las elecciones del 2027, la dupla AMLO-Sheinbaum requiere necesariamente la aprobación de la reforma electoral de la 4T para evitar sorpresas desagradables.
No hay que perder de vista que el oficialismo tiene en la mira tomar el control total del INE. Por ello se vislumbra que en la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo se nombren nuevos consejeros electorales, incluso a través del voto popular. Esto significa que, con la música de acordeones elaborados por la 4T, serán investidos con ese cargo.
O, de plano, mantener los mismos mecanismos que utiliza la Cámara de Diputados en la actualidad para su designación.
En contraparte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Kenia López Rabadán, insiste en que la reforma electoral debe fortalecer la democracia, asegurar que el voto cuente y garantizar representación justa y proporcional.
La diputada panista presentó un decálogo de propuestas que buscan corregir distorsiones, reforzar la equidad y colocar la voluntad ciudadana en el centro del sistema electoral, ya que, si se legisla de manera errónea en este tema, se perjudicará a muchas generaciones.
En el decálogo de la derecha resalta la propuesta de que existan “mismas reglas para todos” y que ningún jugador puede ser árbitro, además de que la reforma político electoral debe ser aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas.
También se propone que el árbitro sea justo: “Las autoridades electorales deben ser imparciales e independientes (INE y TEPJF)”. La “cancha pareja” y la equidad en la contienda son condiciones indispensables, ya que los gobiernos locales no deben utilizar sus recursos para favorecer a algún candidato.
Como un tema relevante, destaca en el decálogo mencionado el rechazo a la intervención en las elecciones de los criminales, ya que la democracia no puede coexistir con la filtración del crimen organizado en campañas, candidaturas y gobiernos.
Se debe garantizar la permanencia del Servicio Profesional Electoral, dice el decálogo, y darles mayor peso a las mayorías legítimas para la gobernabilidad democrática: Crear la segunda vuelta para garantizar un gobierno con apoyo democrático.
Los panistas recuerdan en su decálogo que los programas sociales son derechos constitucionales; por lo tanto, no deben utilizarse como amenaza electoral.
Lo ideal es que se incorporaran en la iniciativa presidencial de la reforma electoral las propuestas de los aliados políticos de Morena y también las de la oposición, y con ello alcanzar el consenso anhelado que le permita tener larga vida a la democracia mexicana.