El patrón de censura del régimen
El boicot al estreno del documental Uyariy, de Javier Corcuera, expone un patrón de censura configurado tras la crisis política abierta por el autogolpe fallido de Pedro Castillo. La modificación de la programación del documental, con su retiro de salas en el sur andino y su reubicación en horarios de baja asistencia en Lima, funciona como un mecanismo de restricción del acceso del público.
Uyariy aborda las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, en particular los hechos del 9 de enero en Juliaca. El documental construye un relato centrado en las víctimas y en sus familiares, y coloca en discusión la actuación del Estado durante esas jornadas.
No obstante, este caso se inscribe en una secuencia de intervenciones estatales sobre el campo cultural. El anuncio del Ministerio de Cultura sobre la reestructuración de los Estímulos Económicos para la actividad cinematográfica redefine los criterios de asignación de recursos públicos. Esta redefinición incide en los temas, enfoques y circuitos de producción del cine nacional, y establece nuevas condiciones para el desarrollo de proyectos audiovisuales contradictoriamente.
El Congreso cumple un papel central en esta orientación mediante proyectos de ley orientados a la reducción del financiamiento cultural y la creación de comisiones de investigación que introducen un esquema de supervisión política sobre la creación artística. Este esquema impacta con mayor fuerza en el cine regional e indígena, cuyo desarrollo depende en gran medida del apoyo estatal.
A este entramado se suma el rol de sectores del sector privado que han otorgado legitimidad a prácticas autoritarias. Determinadas empresas y gremios han asumido una conducta de alineamiento con el poder político, ya sea por acción directa o por omisión. De manera directa o pasiva, aceptan restricciones a la libertad de expresión y a la circulación de contenidos. Contraductoriamente, esta conducta afecta condiciones básicas para el desarrollo económico, como la previsibilidad de las normas y la estabilidad social.
La censura cultural se articula así con una dinámica que trasciende dicho ámbito. La desactivación de equipos fiscales encargados de investigar las muertes en protestas, la ausencia de acciones desde organismos responsables de la protección de derechos y la aceptación privada de estas prácticas forman parte de una misma orientación política.
Este patrón permite comprender la lógica del régimen. Ante un escenario de cuestionamiento social, el control del relato se convierte en un recurso de gobernabilidad.