La Plataforma per la Llengua denuncia en un informe que el Gobierno « discrimina » a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) como «institución normativa del catalán » al no tenerla en cuenta para las denominaciones de diversas cualificaciones profesionales. Lo achaca a «supremacismo» hacia el castellano por contar sólo con la Real Academia Española (RAE). En un informe 'report' de lo que denomina «legislación lingüísticamente discriminatoria» considera que la Administración central -también la Unión Europea- « privilegia al castellano en los territorios catalanohablantes del Estado español». En concreto, en este balance recién difundido en la web de esta entidad (que se considera la ' ONG del catalán '), se mencionan tres novedades normativas. Una es el Real Decreto 914/2024, en el que se establecen dos cualificaciones profesionales de Actividades Físicas y Deportivas; y Fabricación Mecánica, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Otra se refiere a un decreto similar (1021/2024), con más gremios concernidos (Actividades Físicas y Deportivas; Administración y Gestión; Artes Gráficas; Artes y Artesanías; Comercio y Marketing; Hostelería y Turismo; Energía y Agua; Marítimo Pesquera; Seguridad y Medio Ambiente; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad). Y la tercera es la Orden EFD/1394/2024, igualmente referida a cualificaciones profesionales. La razón esgrimida por la Plataforma per la Llengua apunta a que estas normas actualizan estas denominaciones y se señalan «herramientas para corregir errores o utilizar en determinadas funciones profesionales» y se menciona como uno de estos recursos « siempre » a la Real Academia Española ( RAE ), pero, en cambio, «nunca» al Institut d'Estudis Catalans ni a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, «las instituciones normativas del catalán». Como conclusión general de este informe, su subraya que «aunque en la actualidad, el catalán tiene cierto reconocimiento en el Estado español, se trata de un alcance regional, más limitado que el del castellano, porque su conocimiento no es obligatorio ». Y extiende esta -a su juicio- discriminación no sólo al Gobierno central, sino también a las instituciones europeas e incluso otras internacionales de las que forma parte España. En especial, en el ámbito de la UE culpa explícitamente al Partido Popular. De hecho, alaba moderadamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, frente a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo. «Es cierto que en los últimos años, el Gobierno español ha solicitado que se reconozca al catalán como lengua oficial de la Unión Europea , pero también lo es que eso no se ha producido es por la oposición tenaz del PP; así, es una actitud proveniente de España, que todavía niega al catalán ese estatus», argumentan. Fundamentalmente, consideran que se trata de «disposiciones discriminatorias que regulan ámbitos de la vida pública y empresarial , norma que establecen deberos o derechos de uso, obligaciones de conocimiento o encargos de promoción del castellano, pero que no hacen lo mismo por el catalán».
