Caso Calamar: Guerrero afirma que nunca fue notificado sobre informe base de acusación
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo. – Este viernes, durante la audiencia del caso Calamar, el exministro de Hacienda Donald Guerrero afirmó que el informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, invocado por el Ministerio Público y los querellantes, nunca le fue notificado, lo cual, según él, vulnera su derecho de defensa y el debido proceso.
Al tomar la palabra, el acusado declaró: “Dejo constancia de que dicho informe jamás me fue notificado y, en consecuencia, se me negó la oportunidad de ejercer mi derecho de defensa, en abierta vulneración de lo dispuesto en la Ley 107-13”.
Guerrero añadió que, según lo divulgado en prensa, ese informe habría servido como base para diligencias y autorizaciones judiciales durante más de cuatro años sin que él ni su defensa lo conocieran, lo que consideró una acción de gravedad.
“Hoy solo quiero dejar claro en acta que ese informe, utilizado durante más de cuatro años a mis espaldas, jamás me fue notificado”, recalcó.
Asimismo, advirtió que cuando llegue el momento procesal oportuno demostrará “de manera irrefutable” la transparencia con la que ejerció sus funciones públicas.
Sobre el caso Calamar
Según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Donald Guerrero es principal imputado de una estructura que habría desviado fondos estatales.
Se le acusa de participar en maniobras fraudulentas para sustraer RD$19,653,871,513.80, de los cuales habrían sido logrados RD$17,300,642,051.07 mediante acuerdos transaccionales vinculados a expropiaciones ilegales de terrenos en áreas protegidas.
La investigación también señala hechos como la simulación de operaciones de compra y venta de terrenos mediante deudas administrativas y contratos de cesión de crédito por más de RD$10,500 millones a personas cercanas, muchas veces mediante sociedades de fachada que eran disueltas tras cumplir su cometido.
Estos mecanismos habrían permitido cobrar al Estado montos de expropiaciones que databan de hasta 50 años atrás a precios actuales, resultando en pérdidas millonarias cuyos beneficiarios estarían vinculados a la administración anterior del Ministerio de Hacienda.
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