El Gobierno lanza un decreto para obligar a los centros de datos a revelar su consumo de agua y energía

El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a consulta pública el proyecto de Real Decreto que, por exigencia de una directiva europea, obligará a los centros de datos a revelar su consumo de agua y luz.

Como explica el departamento de Sara Aagesen, la nueva normativa regulará el reporte de información de estas instalaciones y “fijará criterios de eficiencia energética” para que los centros de datos, cuya proliferación la vicepresidenta y ministra ha llegado a calificar de “burbuja” en los últimos meses, “minimicen los impactos negativos en consumo de energía o agua y aporten valor añadido al entorno y al país”.

Como explica el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, “estamos hablando de un sector con unos planes de crecimiento muy importantes” y es “imprescindible contar con datos fiables” sobre el consumo de energía y agua de estas instalaciones y “otro tipo de impacto sobre el territorio”.

En virtud del decreto, los centros de datos “deberán publicar y acreditar datos como empleo directo e indirecto creado, su impacto en la economía local así como la ubicación de clientes potenciales”. “Adicionalmente, se establecen condiciones para que los centros de datos deban aprovechar su calor residual para la climatización u otros usos de calor en los municipios y entornos colindantes”.

Por último, “se exigen criterios de excelencia a los centros de datos más grandes”, aquellos con más de 100 megavatios (MW) de potencia, debiéndose situar en el “top 15%” de las instalaciones comparables.

La normativa a consulta establece la obligación de reporte de una serie de indicadores que buscan “orientar el despliegue de centros de datos hacia proyectos que maximicen los impactos positivos en el territorio, a la vez que minimicen las externalidades negativas asociadas”.

Por ello, “se establece el reporte de indicadores en materia de energía y sostenibilidad, que abarcan la superficie ocupada por el centro de datos, el consumo de energía y su procedencia (incluyendo en qué medida procede de fuentes renovables), la contribución de los centros de datos a la resiliencia del sistema eléctrico, el consumo de agua (en términos globales y, en concreto, de agua potable), el tipo de refrigerantes usados, o indicadores como la eficacia en el uso de los distintos recursos”.

Asimismo, “se establece el reporte de datos de impacto socioeconómico de los proyectos, incluyendo el empleo generado o la contribución de los centros de datos a la economía local y nacional”.

Cumplir estos criterios será necesario “para poder acceder a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica”. El plazo de alegaciones al texto, abierto este viernes, se cierra el próximo 15 de septiembre.

El sector, cuya patronal preside desde febrero la ex de Ciudadanos Begoña Villacís, lleva meses encadenando una oleada de anuncios por parte de gigantes como Amazon, Google o Meta, al calor de las óptimas condiciones que España tiene para instalar plantas fotovoltaicas para alimentar el enorme consumo de energía de estas instalaciones, que funcionan los 365 días del año, al calor de la explosión de la inteligencia artificial.

Un negocio que ha atraído a eléctricas y fondos, grandes constructoras, o a inmobiliarias como Merlin, la mayor empresa de ese sector en el Ibex. También a un íntimo de Donald Trump con planes de expansión en España.