Congresista Francis Paredes bajo sospecha de recibir más de S/60 mil por nombramientos en el INPE
La congresista de Podemos Perú, Francis Paredes Castro, electa por la región Ucayali, enfrenta serias acusaciones por presuntamente haber recibido más de 60 mil soles a cambio de facilitar la designación de un funcionario en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La investigación realizada por el dominical 'Panorama', reveló que una testigo clave, identificada como Maura Porras Huamán, denunció ante la Fiscalía haber sido utilizada como intermediaria financiera en estas operaciones, y también haber sido amenazada de muerte por uno de los empresarios involucrados tras el incumplimiento del supuesto acuerdo político.
La declaración, respaldada por estados de cuenta, registros de visitas al Congreso y conversaciones por WhatsApp, vincula directamente a Paredes con los depósitos realizados por Rodolfo Bardales, empresario de Pucallpa, quien esperaba la designación de Edgar Vilcapaza como jefe regional del INPE. La testigo relató que el dinero fue entregado a un allegado de la congresista apodado “Pelacho”, y que, tras el fallido nombramiento, empezó a recibir amenazas que la obligaron a romper el silencio y acudir a las autoridades.
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De acuerdo con la versión de la testigo Maura Porras —identificada como “La Reinita”—, Paredes le solicitó que proporcione su cuenta de Interbank para recibir depósitos provenientes de Rodolfo Bardales Piña, un empresario de Pucallpa. “La profesora me dijo que le iban a depositar dinero y que apenas lo reciba, le avise”, declaró Porras a la Fiscalía. En mayo de 2022, se registraron al menos dos depósitos por 15 mil soles cada uno a su cuenta bancaria.
Según la declaración, ese dinero fue retirado por la testigo y entregado personalmente en sobres cerrados a Javier Antonio Barbarán Pérez, alias “Pelacho”, identificado como el operador de confianza de la congresista. En total, se habrían canalizado más de 60 mil soles para lograr el nombramiento de Edgar Vilcapaza Arias como jefe del INPE en Ucayali, un cargo que finalmente no se concretó. Las amenazas recibidas tras el incumplimiento de ese acuerdo impulsaron la denuncia, que ahora forma parte de una investigación fiscal r