El sello del Parlamento: archivo e impunidad, por Diego Pomareda
En julio de 2024, el Fiscal de la Nación denunció constitucionalmente a la presidenta y a varios de sus ministros, con el fin de que pudieran ser investigados, procesados y eventualmente acusados por su responsabilidad en las 44 muertes y los 116 heridos registrados durante las protestas sociales de fines de 2022 e inicios de 2023.
La tesis de la Fiscalía fue que estas autoridades estuvieron implicadas en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de ciertos policías y militares, pero, sobre todo, que incurrieron en una omisión al no dar las órdenes necesarias para prevenir los abusos ni detenerlos cuando ya estaban ocurriendo.
Para que puedan ser procesados penalmente, la Constitución exige que el Congreso otorgue una autorización previa. Esta medida busca impedir que se utilice el sistema de justicia con fines políticos, alterando la gobernabilidad. En el caso de la presidenta, la protección es aún mayor: solo puede ser acusada por estos delitos al concluir su mandato.
Pero, ¿qué ocurrió esta semana? Luego de un año, el Congreso archivó la denuncia contra Boluarte y sus ministros de aquel entonces. Sin la aprobación del Parlamento, ninguno de ellos podrá ser investigado ni considerado responsable por sus acciones y omisiones en relación con las muertes ocurridas en el país.
Si el Congreso hubiera otorgado esta autorización para que se les procese, ello no implicaría una culpabilidad inmediata, sino que la justicia penal evaluaría los hechos y decidiría. Sin embargo, esto no prosperó, pues aunque el Congreso sostuvo que no había una razón política de por medio, afirmó que no existen pruebas suficientes que acrediten algún acto delictivo.
¿Le compete al Congreso valorar si existen elementos de convicción? No. ¿Puede concluir el Parlamento que no se configura una omisión impropia? Tampoco. ¿No es acaso un aval a estas conductas delictivas premiar al entonces ministro de Defensa nombrándolo PCM? ¿No amerita el fallecimiento de peruanos por disparos de fusiles de guerra FAL una investigación penal contra los ministros?
A juicio del Congreso, nada de esto importa, ignorando la evidencia presentada tanto por la Fiscalía como por los periodistas. ¿Quiénes son los responsables de este nuevo blindaje? Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, los acuñistas y Acción Popular. La alianza por la impunidad una vez más protege al gobierno frente a la represión más grave que ha vivido el Perú en su historia reciente.