El Gobierno empieza el año nuevo haciendo balance del anterior. Esta vez ha sido el turno de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que al presentar los objetivos de su cartera para 2025, ha puesto en relieve el máximo histórico de 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social (SS) conseguido en 2024, fijándose así el objetivo de “mirar” a los 22 millones de ocupados antes de cerrar este nuevo ejercicio. Del mismo modo, la ministra ha querido recalcar que “desde el inicio de 2024 se han registrado más de 553.000 empleos indefinidos y la temporalidad ha caído al 12,8%” en beneficio de justificar “los avances en calidad de empleo”.
Asimismo, también resaltó la importancia del acuerdo para las pensiones alcanzado con patronal y sindicatos, el cuál permite tanto el desarrollo de nuevas modalidades de jubilación parcial para facilitar la salida progresiva del mercado de trabajo como la regulación de la jubilación anticipada para actividades determinadas actividades profesionales calificadas como “duras o penosas”.
En lo que a los objetivos de 2025 respecta, Saiz tiene previsto poner en marcha próximamente un Plan Estatal de Retorno para los españoles que se encuentren fuera de territorio nacional y deseen regresar, una medida que incluirá la creación de las denominadas Oficinas de Retorno para asesorar, precisamente, a este grupo de ciudadanos.
Esta medida tiene como objetivo acercar a España a los casi tres millones de nacionales que están actualmente registrados en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero según datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los cuáles la mayoría se encuentran en Argentina, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Estos son, en palabras de la ministra, ciudadanos que tuvieron que dejar nuestro país por una situación económica que no se adaptaba a sus necesidades, algo que, a su juicio, ahora ha cambiado.
Otro de los propósitos que Saiz ha recalcado como “materia prioritaria” es mejorar la integración de las personas extranjeras en nuestro mercado laboral, asunto que desde el ministerio abordarán a través de dos líneas de trabajo “una, la ampliación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura (...) y otra, la estrategia de movilidad laboral”. Con esto se pretende dar solución a la escasez de profesionales que sufren ciertos sectores y regiones, ya que al incluir nuevas ocupaciones los empleadores podrán tramitar más fácilmente la autorización de residencia y trabajo para extranjeros. “Las personas que vienen de fuera pueden ayudarnos a cubrir esas vacantes en sectores donde hace falta”, ha añadido Saiz, enmarcando el debate en el seno del diálogo social, necesario también para desarrollar las altas graduales de la incapacidad temporal, tema que del que tendremos nuevas noticias tras la próxima reunión fijada para finales de enero.
En cuanto al área de migraciones se ha presentado el Plan de Integración y Convivencia Intercultural, un proyecto que estará listo en primavera tras valorar las aportaciones que pudieran hacer las comunidades autónomas y otros ministerios y cuyo objetivo es lograr “la plena inclusión de las personas migrantes” en la sociedad española.
Además, en lo que atañe a la inclusión, 2025 será el año en el que por fin despegará el Fondo de Impacto Social, un programa con una dotación de 150 millones de euros para el primer semestre, con los que aprobará 20 proyectos con impacto social y medioambiental. Su finalidad reside en equiparar la inversión social con el crecimiento económico, ya que las “sucesivas crisis de estos años” han demostrado que ambas ramas son compatibles y convierten a España en un país competitivo “a la par que protegemos a las personas”.
Asimismo, Saiz también ha visto preciso recordar que, desde que se puso en marcha, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a casi 950.000 familias y más de 2,8 millones de personas. Uno de los aspectos más exitosos de esta prestación “es el incentivo al empleo”, en palabras de la ministra, que además ha añadido que más de 15.700 hogares han podido beneficiarse de la subida del 15% del IMV.
Para concluir, ha echado la vista atrás, precisamente a octubre, mes que trajo el peor desastre natural de los últimos tiempos en España, la DANA de Valencia. A día de hoy cientos de personas acusan no haber recibido ninguna ayuda económica para la recuperación de la cotidianeidad, aunque Saiz ha defendido el “escudo social” gracias al cuál han podido tramitar los ERTE que actualmente protegen a 31.000 trabajadores de las zonas afectadas.
