Las cuatro asociaciones judiciales en España han mostrado sus reparos sobre la reforma judicial presentada este mismo viernes por el PSOE y con la que, en otro orden de cosas, relegan la actuación de las acusaciones populares a la fase de vista oral, sin que puedan participar en la instrucción de los procedimientos. Se trata de una medida que rechazan de plano la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), desde donde la tildan de "error" y que, para la progresista Juezas y Jueces por la Democracia supone un "desacierto".
En declaraciones a LA RAZÓN las asociaciones cuestionan que "la proposición de ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de las acciones judiciales abusivas" contiene puntos que llevan a sospechar que parece una reforma pensada para lograr la "impunidad" en determinados procedimientos penales. En esos términos se expresa la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, quien razona que acotar el ejercicio de la acusación popular restringiendo su actuación en fase de instrucción supone una limitación "tan estrecha y tan restrictiva que viene a inutilizarla".
"Tenemos serias dudas de que sea constitucional. Más bien entendemos que se produce una clara vulneración de la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución", indica. Del Barco estima que se ha abusado de esta figura por parte de "todos los partidos políticos", de ahí que abogue por una regulación que impida este "abuso", pero no en el sentido de la reforma del PSOE. El texto, que elude los informes del CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado al presentarse como una proposición de ley, determina además que estas nuevas medidas también se aplicarán a los procedimientos en curso, lo que implicará la expulsión de las acusaciones populares de procedimientos como el que se sigue contra Begoña Gómez, David Sánchez o la trama Koldo.
La también decana de Madrid, considera que, en las circunstancias actuales, dejar la acusación de un procedimiento penal en manos exclusivamente del Ministerio Fiscal "no es lo más idóneo". "Parece que lo que se pretende es buscar la impunidad, y la impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley", alega.
En una línea parecida se pronuncia Sergio Oliva, portavoz nacional de la AJFV. El togado asegura que la limitación de las acusaciones populares -que afecta de lleno a partidos políticos y a asociaciones de jueces y fiscales- es un "profundo error" porque ello "impediría actuar en defensa de intereses legítimos de jueces y magistrados". De esta forma apunta también a una posible inconstitucionalidad de la norma por vulnerar el artículo 127 CE, que regula la asociación profesional de la carrera judicial.
Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia también ve lagunas a la reforma judicial en lo relativo a este punto y recuerda que, como bien recoge la Constitución, las acusaciones populares pueden participar durante todo el procedimiento. Por su parte, desde Foro Judicial Independiente apelan a la Carta Magna para reconocer el derecho de las acusaciones populares a litigar en procedimientos. "Si está reconocido en la Constitución debemos procurar que su ejercicio sea posible, sin perjuicio de que si se perciben abusos se restrinja su uso allá donde se identifique", explica su presidente Fernando Portillo.
