El 9 de enero, el día de ayer, se han cumplido dos años de las muertes que ocurrieron en Juliaca el 2023. Esto ocurrió en el contexto general de las protestas que comenzaron en el sur del país (en particular en Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno), en diciembre del 2022, por la asunción a la presidencia de Dina Boluarte y el respaldo a la continuidad de Pedro Castillo. La Fiscalía, con lentitud y diversas dificultades, ha ido avanzando con su trabajo, pero la falta de interés y ausencia de respaldo político a esas investigaciones, por parte de un amplio sector del Congreso y del Ejecutivo, dejan mucho que desear. Más bien, con el paso de los meses ha mostrado ser un estilo de comportamiento donde la negación, la desinformación y el silencio son características importantes.
En el caso de la presidenta, llama mucho más la atención siendo ella de Apurímac, donde se iniciaron las protestas en diciembre del 2022. Casi siempre ha negado el uso excesivo de la fuerza, incluso los disparos al cuerpo, por parte de las fuerzas policiales y armadas poniendo el peso de la responsabilidad, y de la violencia, en los que marchaban. En su discurso, la policía o el ejercito fueron los agredidos por grupos organizados, azuzados desde el extranjero, “que quieren sembrar el caos y el odio”. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Sevilla, sobre el discurso de Dina Boluarte durante las protestas en Perú* compara sus expresiones del 12 de diciembre, al inicio de las protestas, con las del 30 de enero, ya ocurridos los hechos conocidos. En la comparación de ambos momentos discursivos de la mandataria, destaca el incremento del recurso a la acusación (en sus declaraciones del 30 de enero) poniendo toda la responsabilidad en los manifestantes. En muchas ciudades del sur los reclamos han continuado, pero ahora exigiendo que se investigue y se haga justicia por las muertes durante las protestas. Años atrás, se decía que “el peruano” era pasivo, difícil decirlo con relación a los ciudadanos del sur. Hoy, se repite que la gente no protesta frente a tanto abuso de poder del lado del Congreso y el ejecutivo. Si se mira desde el sur del país, esto no es cierto. Las protestas se han mantenido.
Las movilizaciones de aquellos meses pueden haber tenido objetivos políticos vinculados a grupos que respaldaban a Pedro Castillo y es probable que se estuviese buscando, desde los departamentos mencionados, movilizar al resto del país para pedir el adelanto de elecciones o la acariciada constituyente. Es cierto también que hubo actos de violencia, del lado de quienes protestaban, que deben ser investigados y sancionados. Pero nada de lo mencionado justifica lo que la investigación periodística y la acción ciudadana han mostrado a través de diversas fotos y videos: un excesivo e ilegal uso de la violencia por parte de quienes se denominan fuerzas del orden. Se disparó al cuerpo a matar. Peor aún, el informe de Humans Rights Watch estima que 11 de las 18 muertes en Juliaca fueron de personas que no participaban en las protestas.
Buena parte de la información que sostiene informes como los mencionados, o los de Amnistía Internacional, entre otros, se basa en la iniciativa ciudadana. Muchas de las muertes ocurridas durante la tarde y la noche en Juliaca, varias de ellas lejos incluso del aeropuerto, fueron filmadas desde un celular. Buena parte de los testimonios están registrados en videos que alguien grabó desde su cámara. Eso es una de las cosas que hoy cualquier persona puede hacer en su defensa.
En el caso particular de Juliaca, las movilizaciones se retomaron desde el 4 de enero. El 9 de enero de 2023, las marchas comenzaron desde temprano. y, si bien hubo enfrentamientos con la policía en las inmediaciones de aeropuerto, en la Plaza de Armas y otras zonas de la ciudad, las manifestaciones siguieron un curso relativamente usual. De acuerdo con el informe de Human Rights Watch, la situación se complicó pasado el mediodía, con la llegada del ejército y el intento, por parte de los protestantes, de tomar por la fuerza el aeropuerto. Fue durante la tarde e incluso entrada la noche, que varias de las muertes sucedieron. Fue en Juliaca donde se dio el mayor número de muertos, 18 de los 49 que diversos organismos como Human Rights Watch consignan durante las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en enero del 2023 da una idea de lo que pensaban los peruanos sobre estos asuntos en ese momento. El 60% consideraba que las protestas iniciadas en diciembre del 2022 eran justificadas e incluso un 50% apoyó que se retomaran las mismas en enero. Para el 58% “hubo excesos de parte de las fuerzas de orden frente a las protestas” pero a la vez, para la gran mayoría (entre 80% y 90%), no se justificaba que durante las protestas se intente tomar aeropuertos o se ataque edificios públicos. Para un 44% de los encuestados quienes protestaron fueron ciudadanos espontáneos u organizados mientras que para un porcentaje similar (40%) fueron grupos violentos vinculados a terroristas o a economías ilegales. Como es de esperar, en estas respuestas hay grandes diferencias entre Lima y la macrozona sur o centro. En estas últimas, prima la idea de una expresión básicamente ciudadana mientras que en Lima se le asocia más al terrorismo o a la economía ilegal. Nada justifica muertes injustas.
En las próximas elecciones, veremos las consecuencias de que, una vez más, el Estado brille por su ausencia o precariedad durante, por ejemplo, las heladas, pero aparezca violentamente cuando de reprimir protestas se trata.
* López-Parra, Silvia J.; Figuereo-Benítez, Juan C. y Moreno-Espinosa, Pastora (2024): «Análisis del discurso presidencial en contextos de crisis: el caso de Dina Boluarte durante las protestas en Perú (2022-2023)». Revista Más Poder Local, 58: 9-28. https://doi.org/10.56151/maspoderlocal.249
