Los cinco problemas históricos de las políticas públicas en seguridad que detectó Paz Ciudadana

La Fundación Paz Ciudadana llevó a cabo su trigésimo primer Consejo Consultivo, encuentro que congregó a las principales autoridades del sistema de seguridad y justicia, junto a los jefes de las policías y presidentes de las comisiones de seguridad del Congreso Nacional.

El objetivo fue analizar los desafíos de seguridad que enfrenta nuestro país, así como las estrategias necesarias para abordarlos tanto en el presente como en los próximos años.

El presidente del directorio de la fundación, Agustín Edwards del Río, señaló que ante el contexto actual es fundamental actuar con urgencia, pero también con precisión. “Desde nuestra fundación, hemos trabajado por más de 30 años en impulsar acciones basadas en evidencia y medir sus resultados, promoviendo un análisis técnico y riguroso que trascienda las diferencias políticas”, señaló.

Durante el encuentro, la fundación presentó un diagnóstico sobre la crisis de seguridad, destacando cinco problemas históricos de las políticas públicas en esta área. El director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, enfatizó la importancia de que el nuevo Ministerio de Seguridad articule un sistema con foco importante en generar estrategias preventivas y dotado de capacidad operativa.

“Para resolver la crisis de seguridad, el sistema de seguridad y justicia debe contar con una visión sistémica y de largo plazo con políticas focalizadas, basadas en evidencia, articuladas con el sector privado y sometidas a evaluación”, recalcó el director ejecutivo.

Por su parte, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, dijo que “la dificultad que ha tenido el país para enfrentar los desafíos de la seguridad, es que ha habido una acumulación de medidas de distinto tipo en instituciones que no tenían las condiciones suficientes para enfrentarlas, sumándose más programas, medidas e iniciativas a esta carga”.

“Creemos que para superar esta situación se deben fortalecer las instituciones, crear otras nuevas y articular de mejor manera el trabajo interinstitucional“, sostuvo la ministra.

Asimismo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, señaló que es relevante enfrentar la delincuencia y el crimen organizado con una visión sistémica que tenga presente los cinco problemas presentados por la fundación.

“Si bien, se ha avanzado significativamente en compras de tecnología y equipamientos para enfrentar el crimen organizado, es fundamental continuar fortaleciendo las instituciones existentes, como las policías, la fiscalía, municipios, entre otros. También, necesitamos continuar avanzando en acuerdos de Estado, entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional para impulsar una agenda conjunta en materias de seguridad”, recalcó Gajardo.

Propuestas claves en materia de seguridad

Paz Ciudadana presentó un diagnóstico sobre la crisis de seguridad en el país, marcada por el aumento del temor al delito y un crecimiento preocupante de los delitos violentos entre 2016 y 2023: robos con violencia (+24,9%), homicidios (+62,3%), secuestros (+104,3%) y extorsiones (+1.296,3%).

Aunque Chile tiene una de las tasas más bajas de América Latina y el Caribe en homicidios, entre 2019 y 2022 registró el segundo mayor aumento porcentual (37%).

Este incremento está caracterizado por un mayor uso de armas de fuego, una disminución en el porcentaje de imputados identificados y un aumento de extranjeros tanto entre las víctimas como entre los victimarios.

Además, el análisis reveló patrones claros de concentración territorial de la criminalidad, con cuatro regiones acumulando el 70% de los homicidios totales. Asimismo, se destacó que el robo con violencia e intimidación, altamente focalizado territorialmente, es el delito que genera mayor daño en las personas.

En esa línea, la fundación identificó cinco problemas históricos en las políticas públicas de seguridad que, de ser abordados, contribuirían a reducir la crisis de seguridad en el país en los próximos cinco años:

1. El cortoplacismo que desincentiva la elaboración de diagnósticos pertinentes y la implementación de políticas preventivas con impacto en el mediano y largo plazo. Que son claves para abordar fenómenos complejos como la criminalidad organizada.
2. La aplicación de programas sin focalización, ignorando la concentración territorial y temporal del delito y sus factores de riesgo, así como dónde se concentran los factores de riesgo y las víctimas.
3. La implementación de políticas sin respaldo de evidencia, desaprovechando políticas exitosas nacionales e internacionales que podrían replicarse y expandirse tras evaluación.
4. La débil articulación entre el sector público y privado, que limita la colaboración y una visión sistémica y de largo plazo en seguridad y justicia.
5. La falta de monitoreo y medición de resultados de los programas, que carecen de líneas base para evaluar su impacto y ajustar su diseño.