Cuando Donald Trump asuma nuevamente este 20 de enero, puede haber una fiebre de lo unilateral e impredecible para la región latinoamericana, que, por lo visto, amenaza llegar hasta Groenlandia. Parece poco, pero en cuatro años un presidente de los EE. UU. puede hacer muchas cosas, si cuenta —como es el caso— con mayoría parlamentaria.
Son varios los temas sobre los que se podría focalizar el segundo trumpismo en asuntos con repercusiones sobre América Latina. En todos ellos, hay una gran impredictibilidad.
Empezando con los millones de inmigrantes que anuncia expulsará. ¿Realmente llevará a cabo una acción así? Si lo hace, ¿cómo se hará y cómo repercutirá en la región? Con “remesas” mermadas y teniendo que asumir la súbita “repatriación” de miles —o millones— de nacionales, ¿qué efectos tendría en los países?
O el impacto en el comercio internacional, con una nueva política arancelaria. ¿Viene una ola de proteccionismo, como ha anunciado? Habrá que ver, a partir del 20 de enero, qué ocurre realmente. Pero Trump parece guiarse por consideraciones y fundamentos políticos, confrontando las vigentes reglas de la OMC.
Más allá del reingreso de Trump, político locuaz y lengua larga, el mundo está asistiendo a un acontecimiento histórico: “el fin simbólico del neoliberalismo global”. Lo destaca la siempre rigurosa revista The Economist, poniendo el dedo en la llaga.
Trump ha prometido las mayores expulsiones de la historia de EE. UU.: con redadas en centros de trabajo y revocación de programas de libertad condicional. Stephen Miller, su vicejefe de gabinete, y Tom Homan, su zar de las fronteras, han anunciado que utilizarán a las fuerzas armadas.
Todo apunta a que Trump se habría inspirado en la «Operación Espalda Mojada», controvertida campaña ejecutada en la década de 1950 bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, que expulsó a 1,3 millones de personas. Su objetivo declarado fue deportar a migrantes mexicanos “indocumentados” dentro del contexto de una alegada “inmigración irregular” tras la Segunda Guerra Mundial.
La discriminación asociada con esa “Operación” la ha convertido en un terrible hito en las políticas antiinmigrantes de EE. UU. en el siglo XX: abusos sistemáticos y atropello a derechos fundamentales. No solo se deportó a migrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana, pues los agentes no siempre verificaban la ciudadanía antes de las deportaciones.
La “operación” no tuvo en cuenta que muchos migrantes habían sido incentivados a ingresar a EE. UU. a través del Programa Bracero, que permitía la contratación de trabajadores mexicanos para suplir la escasez de mano de obra durante la guerra. Tras haberse beneficiado, el gobierno los deportó.
Los expertos calculan que podrían ser entre 10 y 11 millones los trabajadores no autorizados el “objetivo” de Trump. Que serían el 6 % de la población activa que trabaja esencialmente en obras, granjas y restaurantes. California, Florida, Nueva York y Texas acogen a casi la mitad.
Las repercusiones económicas de una eventual deportación masiva de esa población repercutirían, de acuerdo con The Economist, en tres planos: empleo, precios de consumo y finanzas públicas.
La experiencia sugiere que las deportaciones masivas no son una “bendición” para los trabajadores estadounidenses. No “crean” puestos de trabajo ni aumentan los salarios. Esa mano de obra no autorizada no sustituye, sino que complementa a la autóctona. Serían “un ingrediente crucial para la producción”, de acuerdo con un estudio de la Universidad George Mason. Asumen trabajos y salarios que los estadounidenses rara vez aceptan. La deportación de 1,3 millones de trabajadores —si realmente ocurre— provocaría una caída permanente del empleo del 0,6 %, según el Instituto Peterson de Economía.
Las deportaciones masivas también afectarían las finanzas públicas. Si bien los inmigrantes no autorizados no tienen derecho a los subsidios del Obamacare, vivienda pública o programas de asistencia social, contribuyen a las arcas públicas: impuestos sobre las ventas, planillas en la Seguridad Social y Medicare. También pagan impuestos indirectamente a través del alquiler.
El análisis oficial del Congreso en Washington ha concluido que el crecimiento de la inmigración aumentó los ingresos fiscales (redujo el déficit). La eliminación de una gran parte de estos trabajadores reduciría la base impositiva al tiempo que dejaría intactas las obligaciones de gasto.
Receta, pues, para desequilibrar las cuentas.
El análisis de The Economist apunta, más allá, a lo medular: “el fin simbólico del neoliberalismo global”. Lo que atañe a todo el mundo y no solo a EE. UU.
El neoliberalismo ya se habría restringido a lo económico, “muertos” sus componentes “sociales”: igualdad racial y de género, libre circulación de trabajadores, multiculturalismo. En cualquier caso: ruptura con la ideología que reinó durante cuarenta años: “el gobierno raído de los plutócratas que pretendían ser luchadores contra la pobreza”, según The Economist.
Ya que no se sabe qué reemplazaría al neoliberalismo, la incógnita es adónde llevará Trump a los Estados Unidos y al mundo, aunque está claro que, para América Latina, revivirán objetivos intrusivos (“recuperar” el Canal de Panamá). Si se dan medidas arancelarias arbitrarias y persecución masiva a connacionales en territorio estadounidense, habrá repercusiones relevantes y sostenidas en la región.
