Mientras la esfera política sigue debatiendo sobre la entrada en vigor de los juicios rápidos, que Podemos quiere evitar, y sobre la ampliación, que tiene que ser refrendada en el Congreso, del Real Decreto ley 11/2020, los casos de okupación se multiplican. El más llamativo llega en un barrio de Madrid, en Carabanchel, donde 28 pisos de una nueva urbanización de lujo fueron okupados durante el mes de diciembre.
Estas casas recién construidas de la calle Excelente 6 cuentan con instalaciones como piscina, pista de pádel, jardines para niños, entre otras comodidades, y fueron usurpadas por familias peruanas antes de la Navidad. Actualmente, esas familias siguen en los pisos.
"Hemos alquilado la vivienda, pagado el alquiler y fianza, el conserje nos ha abierto la puerta, nos hemos mudado y la policía ha venido a decirnos que era una estafa", manifestó una de las okupas al programa Espejo Público, de Antena 3. También explicó cómo ocurrió todo. Los okupas alquilaron el piso a través de una página de internet de búsquedas de viviendas. Tras mostrar interés, los responsables de la página web los llevaron a ver el piso.
Comenta que pagaron 2.400 euros e hicieron la mudanza cuatro días después, durante el puente de diciembre. Supuestamente todo está organizado por un clan. Otro de los okupas revela a 'Gran Madrid' que le ofrecieron el piso en un comedor social, donde acordaron todo y un hombre le entregó la llave. Según explica, un hombre de etnia gitana le facilitó un supuesto contrato y la entrada del piso: "Nos dijo que el día 28 de cada mes se pasaría a cobrar, pero no ha aparecido".
Además, el okupa alega que está protegido por la ley al vivir con niños y ancianos: "Tenemos un contrato y nadie nos puede echar, además estamos con niños y la ley nos protege". El Real Decreto ley 11/2020, prorrogado hasta finales de 2025, impide desalojar a personas vulnerables sin alternativa. Hay en viviendas en las que viven hasta 13 personas, sin agua caliente ni calefacción. Sin embargo, estas personas si tienen acceso al agua fría y luz.
Los residentes legales están preocupados por la situación. Uno de ellos es Marcos y, según reveló a 'Espejo Público', tiene indicios de que la constructora cuenta con algún informante interno que favorece este tipo de okupaciones, además de un compinche con la conserjería de la urbanización. Este conserje facilita la entrada y salida de los okupas desde dentro del edificio, también les ayudó a entrar e instalarse en las viviendas.
Con los vecinos legales no ha habido ninguna pelea, pero sí se sienten inseguros y solicitan que se solucione la situación lo antes posibles. Con los que han tenido problemas es con la constructora, Vivenio.
En un primer momento, les ofrecieron dinero para abandonar los pisos, superando los mil euros. Ante la negativa, contrataron empresas de desokupación, que lo intentaron a la fuerza provocando grandes peleas, pero también sin éxito. La constructora ha denunciado los hechos y sigue luchando legalmente para recuperar los pisos okupados.
Según reportan las distintas informaciones y puede confirmar LA RAZÓN mediante vecinos de la zona, en urbanizaciones de alto nivel, recientemente construidas por la misma empresa, cerca de la estación de Puente Alcocer en Villaverde, varios pisos de uno de los nuevos bloques también han sido okupados.
Esas viviendas también estaban aún vacías y cuentan con instalaciones como pistas de pádel para los vecinos. El vecino recomienda no adquirir viviendas en ese bloque, explicando que es el único en el que ocurre de todos los recientemente construidos en la zona.
El alcalde de Madrid no es ajeno a la situación y ya ha manifestado su opinión: "No puede ser que la okupación consista ahora en poder tener hasta un portero que abre y cierra la puerta a los que están okupando ilegalmente una vivienda, que es lo que está pasando con la urbanización de Carabanchel".
También pide actuar al resto de políticos para promover una ley que facilite los desahucios rápidos: "Necesitamos alejarnos de la frivolización de la okupación e ir a una regulación que posibilite una actuación en unas 24 o 48 horas que pueda echar a los okupantes".
