Dentro de la sala del Tribunal Supremo (TS) en la que se celebró ayer la declaración en calidad de testigos de Miguel Ángel Rodríguez y dos periodistas, como parte de la investigación de la supuesta filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, se vivieron momentos «de mucha tensión» y «enfrentamientos».
En concreto, la «número dos» de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado, la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, y la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal general del Estado en esta causa, se convirtieron en protagonistas de varios enfrentamientos con el juez instructor que tuvieron su origen en decisiones que tomó, según trasladan fuentes jurídicas de solvencia a LA RAZÓN.
Tanto la fiscal como la Abogacía del Estado se mostraron críticos porque el juez puso freno a determinadas preguntas que estimó «fuera de lugar» y rechazó que se procediese al análisis policial del teléfono de Rodríguez.
El magistrado instructor, Ángel Hurtado, señaló a la representante del Ministerio Fiscal que varias de las preguntas que trató de plantear durante la declaración testifical de Rodríguez hacían referencia a informaciones periodísticas que no forman parte de las actuaciones del procedimiento al no haber sido aportadas.
Ante el «no» del juez, la teniente fiscal del Supremo se envalentonó y llegó a pedirle al instructor que las «buscase en Internet» si no las conocía, según trasladan las citadas fuentes jurídicas a LA RAZÓN.
En el caso de la Abogacía del Estado, que ejerce la representación legal del fiscal general, los rifirrafes se produjeron porque el magistrado de la Sala de lo Penal le denegó varias cuestiones que trató de poner sobre la mesa, dirigidas a Rodríguez, y que el instructor rechazó por considerar que no eran procedentes.
En concreto, la defensa de García Ortiz, como no descartable, solicitó al instructor que autorizase a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que procediera a volcar el contenido del teléfono del principal asesor de Díaz Ayuso para comprobar qué envió exactamente: si una imagen del correo o un resumen escrito de su contenido.
Pero la solicitud del volcado también venía motivada para ver si había congruencia entre lo que afirmó Rodríguez en su comparecencia y el contenido del celular.
Si su mensaje a los periodistas había sido enviado antes de que «El Mundo» publicara una noticia en su web sobre el intento de Fiscalía de llegar a un acuerdo de conformidad con la pareja de Ayuso.
El juez no estimó procedente autorizarlo al considerar la medida «excesiva» e «intrusiva» para alguien que no está investigado: Rodríguez es testigo, acudió ayer al alto tribunal a declarar en esa calidad y no está imputado.
Por ambos hechos, desde la defensa de García Ortiz se protestó «al menos en dos ocasiones» y se avisó al magistrado de su intención de «recurrir ante el Tribunal Constitucional» sus citadas decisiones con las que no ocultó su meridiano desacuerdo.
En otro orden de cosas, los dos periodistas que se sentaron ante el juez para comparecer como testigos, Esteban Urreiztieta, de «El Mundo», que firmó aquella noche del 13 de marzo la noticia sobre el acuerdo de conformidad que negociaban, y Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, se han acogido a su derecho a no revelar sus fuentes, como les ampara la Constitución a hacer en base al secreto profesional que va íntimamente ligado a la actividad periodística.
Las fuentes consultadas afirman que «ha quedado claro» que lo más probable es que se filtró la información a la cadena de televisión desde la Fiscalía General del Estado por lo que se extrae de lo «que ha dicho el periodista de La Sexta bastante claro».
Aluden a que en su información se citan «fuentes jurídicas» y esta incluye textuales, que, si bien sacó primero el anterior periódico mencionado, él también lo recogió de forma que «queda claro» que también logró conocer el contenido del correo en un momento posterior.
Otra de las anécdotas de la jornada que se vivió en el Supremo es que MAR, a su salida del tribunal, tras el interrogatorio y de forma pública en declaraciones a los medios, tuvo palabras para el presidente del Gobierno, a quien colocó detrás, como el verdadero responsable, de la revelación de los datos del empresario que –dijo– se ha utilizado como «un ataque político» contra la baronesa del PP «Díaz Ayuso».
Para Pedro Sánchez reclamó también banquillo: «El que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, su partido y su Gobierno, que es el señor Sánchez», zanjó.
