La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra siete congresistas por presunto peculado de uso, porque considera que ellos compraron pasajes aéreos con recursos públicos para viajar a Trujillo y celebrar el cumpleaños del parlamentario Diego Bazán en febrero del año 2023.
Los congresistas denunciados con Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Kira Alcarraz (Podemos Perú), María del Carmen Alva (no agrupada), Patricia Chirinos (no agrupada), Edward Málaga (Avanza País), Jorge Zeballos (Honor y Democracia) y Diego Bazán (Renovación Popular).
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La República accedió a la denuncia constitucional interpuesta por el Ministerio Público. En el caso de cuatro de ellos, la fiscal Delia Espinoza sostiene que los congresistas organizaron actividades de representación en Trujillo con el fin de usarlas para justificar el viaje a esta ciudad, cuando el objetivo principal habría sido asistir a la celebración del legislador Bazán.
La celebración del cumpleaños de Bazán fue entre el 11 y 12 de febrero del año 2023. En caso del legislador de Renovación Popular, la fiscal Espinoza recuerda que él presentó un escrito alegando que por esas fechas se reunió con la presidenta del Capítulo de Ingeniería Química del Colegio de Ingenieros del Perú, pero que, sin embargo, "se aprecia que estas actividades se habrían realizado sin contar con documento formal alguno".
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"Lo que hace inferir que se dio en un contexto para justificar su presencia, y así departir con sus coinvestigados y otros en la celebración por su onomástico, situación que ha generado perjuicio para el Estado, pues el pasaje aéreo tuvo un costo de S/ 978.05", sostuvo la fiscal Espinoza.
Su colega Patricia Chirinos viajó el 11 de febrero. Ese día tuvo reuniones con las autoridades de la Municipalidad Provincial de Trujillo, representantes del calzado del Porvenir y del Centro Contumacino. Sin embargo, según la fiscal Espinoza, "estas actividades se habrían realizado sin contar con alguna invitación previa, lo que hace inferir que se dio en un contexto para justificar su presencia en la aludida ciudad y que tuvo como finalidad concurrir a la celebración del onomástico".
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La congresista María del Carmen Alva también viajó ese día y tuvo actividades con la Asociación de la Cámara de Calzado, pero del mismo modo, la fiscal recalca que "se habrían realizado sin contar con alguna invitación previa". "Lo que hace inferir que se dio en un contexto para justificar su presencia y que tuvo como finalidad concurrir a la celebración del onomástico de Diego Bazán", enfatiza la acusación.
El parlamentario Edward Málaga también viajó el 11 de febrero. La Fiscalía destacó que "no se aprecia registrada alguna actividad" ese día y sostiene que su visita a Trujillo "tuvo como finalidad concurrir a la celebración del onomástico del congresista Diego Bazán".
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El legislador Jorge Zeballos arribó a Trujillo ese día. La fiscal Espinoza recuerda que "no realizó actividades relacionadas a su función congresal" y agrega que no hay "alguna invitación previa que se le haya cursado para la reunión que refiere iba a sostener con el alcalde de La Esperanza".
"Lo que hace inferir que lo brinda en un contexto para justificar su presencia en la aludida ciudad y que tuvo como finalidad concurrir a la celebración del onomástico", añadió.
Su colega Kira Alcarraz fue a Trujillo el 11 de febrero. La Fiscalía recuerda que hubo una carta de la Asociación Latinoamericana de Mujeres Abogadas para invitar a la legisladora a visitar a las ollas comunes ese día.
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La congresista estuvo hasta el 13 de febrero. La fiscal Espinoza no ha identificado qué actividad de representación hubo ese día. "Lo que hace inferir que se dio en un contexto para justificar su presencia en la aludida ciudad y que tuvo como finalidad concurrir a la celebración", afirmó.
Sobre la fujimorista Rosangella Barbarán, rememora que aunque compró el boleto aéreo para ir a Trujillo, no lo usó y la aerolínea tuvo que reembolsar el monto del pasaje al Congreso. "Lo que evidencia que la citada investigada no solo ideó y planificó la conducta ilícita, sino que utilizó los medios previstos para cometer su plan delictivo, es decir, se valió de su condición funcionarial para exigir pasajes aéreos", enfatizó la fiscal Espinoza.
La denuncia constitucional ya se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside la apepista María Acuña. Y, como se sabe, en el Congreso las acusaciones contra sus representantes avanzan a paso lento.
