Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), alzó la voz para defender el giro de ¢7.000 millones aprobado por la Asamblea Legislativa para el Presupuesto Nacional de 2025, destinado a la creación de 328 nuevas plazas en la Policía Judicial y el Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, informó que no liberará estos fondos.
En un video de seis minutos, Zúñiga justificó la urgencia de estos recursos, destacó que “Costa Rica no merece 900, 800 ni siquiera 600 homicidios al año” y afirmó que los cuerpos policiales aspiran a reducir las cifras anuales a 560 o 570 homicidios. El director justificó que los fondos permitirán la contratación de personal para el Servicio Especializado de Respuesta Táctica (SERT), plazas para combatir el cibercrimen y mejorar los servicios forenses.
“La Asamblea Legislativa el año pasado presupuestó varias plazas para el Organismo de Investigación Judicial por un monto total de ¢7.000 millones, lo cual nos aseguraba al menos 255 recursos para combatir la criminalidad. Ahora nos enteramos de que el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, congeló esos recursos debido a observaciones. Sin embargo, ya existe una asignación y una fuente de ingreso para estos fondos”, subrayó Zúñiga.
El director del OIJ pidió al ministro Acosta reconsiderar su decisión y permitir la ejecución de las plazas asignadas. Según él, fortalecer al OIJ contribuirá significativamente a mejorar la seguridad ciudadana en un contexto de creciente violencia.
Gobierno no asigna recursos para crear 328 puestos en OIJ y Ministerio Público
Pese a la negativa de Hacienda, Zúñiga enfatizó que la Policía Judicial continuará su labor sin excusas. “Nunca ponemos excusas con nuestro trabajo, siempre damos la cara y trabajamos por el servicio de Costa Rica”, afirmó.
El funcionario también recordó que la lucha contra la criminalidad requiere liderazgo decidido y recursos suficientes. Mencionó que la presencia de 80 efectivos en Batán ha reducido la capacidad para realizar operativos en San José, Limón y Puntarenas, por lo que las plazas congeladas permitirían respuestas más rápidas y eficientes.
“Necesitamos decisión para revertir esta situación y devolver la tranquilidad a las calles, donde las personas puedan caminar sin temor. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad del país, pero instamos a quienes tienen poder de decisión a asumir su responsabilidad. Con respeto hacia el ministro Nogui Acosta, solicitamos reconsiderar y descongelar las plazas asignadas para trabajar juntos en la lucha contra la criminalidad”, concluyó Zúñiga.
Simultáneamente, este miércoles el presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó que le “da asco” que el director del OIJ pida más presupuesto. “Hay mucho que aclarar sobre las enormes mentiras de quienes quieren favorecer sus presupuestos. De veras que es desagradable, para no decir asqueroso, que alguien burocráticamente se quiera aprovechar de la situación e insultar a la fuerza policial para sacarse unos milloncillos más, pese a que tienen un presupuesto de más de ¢523.000 millones. Estoy hablando de Randall Zúñiga, director del OIJ. Asco da eso”, declaró el mandatario.
Las declaraciones de Chaves dan a entender que el presupuesto del OIJ para el 2025 es de ¢525.000 millones, pero ese dato no es correcto. En realidad, esa cifra incluye los recursos de todo el Poder Judicial, incluyendo a los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Defensa Pública.
Chaves dice que le da asco petición de director del OIJ sobre recursos para policías
El ministro de Hacienda aseguró a este medio: “Nunca hemos dicho que no vamos a girar esos recursos”. Sin embargo, explicó que no es posible autorizar el desembolso sin claridad sobre el comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio.
“Todos los recursos que los diputados, mediante mociones, tomaron de intereses y distribuyeron entre los diferentes ministerios, incluyendo el Poder Judicial, están congelados. Este no es un tema de seguridad, es un tema de oportunidad y de un riesgo que queremos cubrir.
“No podemos pretender que, sin saber cuál va a ser el comportamiento de las tasas de interés o del tipo de cambio a priori, giremos”, señaló Acosta.
Insistió en que esto no tiene relación con la seguridad, sino con el riesgo que implica tomar recursos del pago de intereses para utilizarlos en partidas que no estaban en el presupuesto inicial.
