Hace exactamente dos años advertimos que el país no podía sostener un régimen estable que garantizara seguridad y confianza a los ciudadanos. Esto, como consecuencia, derivaría en una pérdida significativa de derechos fundamentales, dificultando que la mayoría de los peruanos accedan a servicios básicos en salud, educación, alimentación y vivienda. Sin estabilidad ni orden, y sin rutas claras hacia el desarrollo, el costo para los sectores productivos y para la sociedad en su conjunto sería altísimo.
No nos equivocamos. Sin embargo, otros, conscientes de estos obstáculos, insistieron en gobernar para implementar un proyecto rechazado previamente en referéndum y en elecciones democráticas por la mayoría de los votantes.
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El elevado costo que hoy enfrentamos se agrava debido a que los políticos en el poder han mostrado actitudes de aprovechamiento personal, beneficiándose a sí mismos y favoreciendo a grupos ilegales y criminales durante su gestión. Este panorama refleja una profunda falta de gobernanza, caracterizada por la desconfianza entre ciudadanos y gobernantes, que se intensifica con la proliferación de actividades productivas ilegales, extorsión, sicariato y otras formas de delincuencia organizada.
Quienes deberían garantizar el orden y la estabilidad se encuentran, en muchos casos, involucrados con sectores corruptos o carecen de la capacidad operativa para enfrentar esta desestabilización. Como resultado, la impunidad prevalece, dificultando el desarrollo de la producción nacional, el transporte, las pequeñas empresas y las inversiones, que operan bajo condiciones adversas y con altos costos de seguridad.
En el ámbito legislativo, nunca antes en nuestra historia republicana habíamos sido testigos de leyes que parecieran estar diseñadas para beneficiar a sectores específicos o para amparar la delincuencia. Estas leyes incluyen exoneraciones inapropiadas, propuestas de gasto prohibidas por la Constitución y reformas constitucionales que afectan más del 25% de sus artículos. Todo esto contraviene las promesas de campaña de 2021, cuando se aseguró que no habría cambios constitucionales.
El 2025 podría transcurrir sin una ruta clara ni un rumbo definido, lo que representaría un costo negativo para el crecimiento y desarrollo del país. Ante esta situación, hacemos un llamado a los peruanos que apuestan por el futuro del país para establecer un Nuevo Pacto Político, Social y Económico. Este pacto debe democratizar las estructuras sociales y priorizar metas urgentes, como combatir la anemia y la desnutrición infantil, reducir la inseguridad alimentaria, implementar una red básica de prevención en salud, garantizar el orden y la seguridad para las actividades empresariales y diseñar un plan mínimo de desarrollo que reduzca la inseguridad, la desigualdad y la pobreza.
Es esencial reestructurar la infraestructura educativa pública y establecer programas de vivienda social con bonos accesibles para las regiones más necesitadas. Estamos convencidos de que las mayorías nacionales desean que el país regrese a la senda del crecimiento con desarrollo, invirtiendo los tributos en infraestructura de carreteras, escuelas, redes de agua y saneamiento, policlínicos con medicamentos y garantizando la seguridad alimentaria.
Estamos seguros que hay peruanos destacados en el Poder Judicial, el Ministerio Público y las Fuerzas Policiales que, con honradez, pueden liderar la lucha contra la corrupción, la extorsión y el sicariato. Es imprescindible moralizar la política para combatir estos flagelos.
A las fuerzas políticas les corresponde un papel fundamental en la definición de un rumbo para el país, priorizando el bienestar general y promoviendo valores éticos universales y democráticos. Necesitamos un diálogo participativo que incluya a trabajadores, empresarios, y ciudadanos de todas las regiones. Solo así podremos construir un proyecto nacional de desarrollo basado en la equidad, la justicia social y el respeto por los valores que han forjado nuestra nación.
