“El calentamiento global alcanza en 2024 su nivel récord mientras el populismo negacionista gana terreno”, alertó a fin de año el diario El País (29-12-24). El reportaje da cuenta de que el año previo fue el más cálido en el planeta en milenios, que las emisiones de CO2 alcanzaron cifras sin precedente y, a la vez, que personajes que lideran el negacionismo climático, con Trump a la cabeza, suman múltiples adeptos. Ocurre así una suerte de desobjetivización frente a la realidad de buena parte de la opinión pública, donde la visión de las cosas no se corresponde con los hechos demostrables. Las creencias personales por encima de los datos. La enajenación eclipsa la razón.
Me pregunto hasta dónde esa conducta negacionista y complaciente también está presente en segmentos significativos de la opinión publicada en México cuando aborda acontecimientos políticos recientes, como los cambios a la Constitución. Se habla, sí, de un nuevo régimen político, pero se elude describirlo, caracterizarlo, adjetivarlo. Conviene ir a los hechos y, en consecuencia, llamar pan al pan y vino al vino. Veamos cinco cambios constitucionales de 2024.
Uno, la reforma al Poder Judicial. Al aprobar la elección popular de todos los jueces, magistrados y ministros, se sustituyen la meritocracia y la preparación requeridas para ocupar tan delicadas encomiendas por la popularidad de los juzgadores. Como será la mayoría electoral quien defina cada cargo, y dicha mayoría la detenta el gobierno, serán nombrados juzgadores quienes cuenten con la simpatía del poder político. Adiós a un Poder Judicial que pueda contradecir, frenar o enmendar decisiones gubernamentales. Un severo daño a la división de poderes, un paso al autoritarismo.
Dos, impedir la revisión jurisdiccional de las reformas constitucionales. La mal llamada reforma de la supremacía constitucional implicó que todo cambio aprobado a la carta magna no pueda ser impugnado ni revisado por la Corte, aun en caso de afectar derechos humanos. En realidad es la supremacía de la mayoría, que recuerda a Tocqueville cuando advertía precisamente de la tiranía de la mayoría. Se anulan los derechos de las minorías, cosa propia de las autocracias.
Tres, desaparecer órganos autónomos garantes de derechos. Se ordenó la extinción de órganos autónomos encargados, entre otras cosas, de garantizar el acceso a la información pública, la protección de datos, los derechos de las audiencias. Esas tareas vuelven a caer en la órbita del Ejecutivo. Se concentra el poder y se eliminan órganos de control. El poder sin límites no es democrático.
Cuatro, se extiende la militarización de la seguridad pública y en la procuración de justicia. La Guardia Nacional ya está adscrita al Ejército, no a un mando civil; puede hacer labores de ministerio público y las Fuerzas Armadas, incluso en tiempos de paz, no acotarán sus actividades al fuero militar. Que la vida de la sociedad se tiña de verde olivo no augura buenos tiempos para los derechos cívicos.
Cinco, se amplía la prisión oficiosa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se había pronunciado contra el uso de la prisión oficiosa en México por ser contraria a los derechos fundamentales. En vez de rectificar tal exceso, se profundizó y el Diario Oficial de la Federación cerró 2024 con el decreto por el que se multiplican las causas por las que las personas irán a prisión sin haber sido condenadas. El tufo amenazante de la persecución política empaña el porvenir.
El fondo de las cinco reformas es inequívocamente autoritario; cada una es un daño severo al ecosistema democrático. También la forma fue abusiva: las reformas constitucionales se aprobaron con una mayoría calificada ilegal y artificial, que no surgió de las urnas. El oficialismo tuvo en 2024 nueve de cada 20 votos (54.7 por ciento) al Congreso, pero el INE y el Tribunal Electoral le concedieron casi tres cuartas partes de la Cámara de Diputados, distorsionando la voluntad popular.
Frente al negacionismo cómplice, llamemos a las cosas por su nombre: cuando se infla una mayoría —y se comprime de forma arbitraria el voto por las oposiciones— para anular al Legislativo como contrapeso; se elimina la independencia del Poder Judicial; se acaba con la protección jurisdiccional de los derechos humanos ante cambios a la Constitución; se extinguen órganos de contrapeso; se encarcela sin juicio y, encima, se militariza la vida pública, no hay duda, estamos ante un régimen de corte autoritario.
