Como hijo de una profesora que siempre se entregó a su trabajo con pasión, tengo claro el fuerte desgaste físico y emocional que implica dedicarse a la docencia.
Tener a cargo la formación académica, y muchas veces la moral y ciudadana también, de un puñado de alumnos sin duda representa una responsabilidad mayúscula.
Agregue a lo anterior la labor invisible que la mayoría de los educadores realizan en sus hogares calificando exámenes y proyectos, o planificando su trabajo cotidiano.
He sido testigo de las largas jornadas extraclase que demanda ser docente por vocación y de la disciplina que se requiere para levantarse temprano para ir a dar clases.
Pese a todo lo anterior, no puedo entender la forma desmesurada como vienen aumentando las incapacidades en el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Según datos de esa cartera, entre el 2021 y el 2024 no solo creció la cantidad de funcionarios que se incapacitaron, sino también el costo de las licencias.
Las cifras son elocuentes. El MEP pasó de destinar ¢28.300 millones para cubrir sustituciones en el 2021 a ¢43.500 millones el año pasado, para un aumento del 54 %.
Durante ese mismo período, el número de funcionarios que solicitaron licencia se elevó de 42.321 a 57.995. Estas personas requirieron, en promedio, 3,7 permisos al año.
No sé si habrá alguna otra institución pública en donde el porcentaje de personal incapacitado ronde entre el 60 % y 65 %. Es alarmante y exige a gritos una solución.
Aquí la pregunta clave es qué está causando la situación. Resulta inaceptable que, ante un problema creciente y de larga data, el MEP no tenga respuestas claras.
La ministra Anna Katharina Müller aseguró que obedece a un “abuso” del personal, porque este sabe que va a recibir el salario completo.
Aunque podría haber algún grupo aprovechándose del beneficio, resulta que la afirmación de la jerarca no tiene sustento en ningún estudio.
Otra hipótesis es que los docentes ahora se enferman debido a un deterioro de sus condiciones laborales y deben hacer frente a nuevas presiones originadas por el apagón educativo, la violencia y el bullying.
Sería bueno separar el polvo de la paja. Una buena investigación frenaría a los vivillos que abusan del sistema y revelaría los verdaderos factores que deterioran la salud de los docentes.
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