Representantes de la sociedad civil, trabajadores de Sedapal y técnicos especialistas advirtieron que la continuación del proyecto minero Ariana, en las alturas de Junín, en el límite con Lima, pondría en riesgo la provisión de agua para las más de 11 millones de personas que viven en la capital y el Callao.
Aunque actualmente se encuentra en pausa, el avance de este proyecto, que pretende explotar concentrados minerales cerca del sistema de lagunas de Marcapomacocha, en Junín, del cual se abastece la cuenca del Rímac, sigue siendo un tema de preocupación. Y es que mañana, miércoles 8 de diciembre, el voto dirimente del juez que ve el caso de la demanda de amparo contra este proyecto, que será la última audiencia de la segunda instancia, decidirá si prosigue o se suspende la explotación minera.
Al respecto, el exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave, quien forma parte de los demandantes en este proceso judicial, dijo a La República que el proyecto minero Ariana consiste en la explotación subterránea de yacimientos de cobre y zinc, y se superpone a la zona estratégica del sistema hídrico de Marcapomacocha. Este sistema está conformado por lagunas, bofedales naturales, ecosistemas captadores de agua y una compleja red superficial y subterránea que alimentan el túnel trasandino Cuevas-Milloc, por donde se transporta el agua a la cuenca del Rímac, representando el 62% del vital elemento que abastece a Lima y el Callao en época de estiaje.
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Asimismo, resaltó que no está en contra de la inversión o la minería, sino de la afectación de este importante sistema hídrico, que compromete el derecho al acceso al agua.
“Lamentablemente, ninguna institución del Estado se ha manifestado sobre este caso. Incluso, la Autoridad Nacional del Agua no ha considerado que se está poniendo en riesgo el desabastecimiento de agua en Lima. Necesitamos que el Estado cumpla su rol”, agregó.
Por su parte, la excongresista por Lima Marisa Glave señaló que en el juicio se ha establecido que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no evaluó adecuadamente ni la calidad ni la cantidad del agua para la capital ni el impacto del sistema Marcapomacocha en el trasvase de agua hacia la ciudad.
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Afirmó que, a lo largo de todo el proceso de evaluación ambiental, no se ha realizado un análisis serio sobre cómo este proyecto minero podría afectar el abastecimiento de agua de Lima, lo que considera una grave omisión en la protección de este recurso vital.
“Pedimos al juez que evalúe el caso, porque lo que está en riesgo es el derecho al agua para todos los limeños y limeñas, y también para los chalacos”.
En esa línea, Ana Leyva, abogada de CooperAcción, advirtió que el proyecto minero podría generar serios riesgos, como daños al túnel trasandino o filtraciones que comprometan la calidad del agua. Consideró que es fundamental priorizar el derecho al agua, la salud y la vida por encima de intereses económicos, y expresó su esperanza de que el fallo judicial proteja estos derechos fundamentales. “Si no fuera por el agua que viene de la sierra central, Lima sería una población que no tendría este recurso”, mencionó.
