El Ministerio de Hacienda rechazó girar el dinero aprobado por la Asamblea Legislativa para crear 328 nuevas plazas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en el Ministerio Público. Los diputados incluyeron los recursos en el Presupuesto Nacional del 2025, con el objetivo de fortalecer el combate a la criminalidad, pero el gobierno rehusó ejecutarlos.
José Luis Araya Alpízar, director general Presupuesto Nacional, envió en diciembre un oficio al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, para informarle de que el gobierno no prevé obtener nuevos ingresos para cubrir lo que calificó como “imprevistos derivados de desajustes en el Presupuesto”.
La afirmación hace referencia a que los diputados asignaron los recursos mediante la reducción de la partida destinada al pago de intereses de la deuda pública. El director de Presupuesto agregó que la decisión obedece a una instrucción de Nogui Acosta, ministro de Hacienda.
En el oficio enviado al presidente de la Corte, el director de Presupuesto alegó: “Persiste la situación de inestabilidad asociada a variables como el tipo de cambio, inflación y la tasa de interés, que particularmente inciden en el servicio de la deuda del Gobierno Central. Por tanto, se hace necesario tomar las previsiones ante la presencia de riesgos importantes en torno al pago de intereses de la deuda, a efectos de evitar que se materialicen situaciones de incumplimiento de las obligaciones ineludibles del Estado”.
Acosta había afirmado a La Nación que la redirección del dinero destinado al pago de intereses de la deuda implica un gran riesgo.
“No hay ninguna claridad de que los supuestos (con base en los cuales fue elaborado el plan) se mantengan o que no se presente una situación que pueda generar algún impacto sobre el pago de intereses; por eso, no es responsable tomar recursos de esa partida”, explicó.
Los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobaron en octubre del 2024 dirigir ¢10.808 millones a la creación de 548 plazas en OIJ, la Fuerza Pública y el Ministerio Público.
Estos recursos fueron asignados por los diputados como parte de un rebajo en ¢61.635 millones de la partida destinada al pago de intereses de la deuda pública, en el Presupuesto Nacional, para redirigir recursos a otros 23 rubros. Entre ellos, el de seguridad.
Los movimientos presupuestarios se aprobaron mediante tres mociones. La primera destinó ¢7.013 millones adicionales al OIJ para contratar 255 funcionarios, quienes desempeñarán funciones de soporte e investigación.
La segunda asignó ¢5.100 millones al Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de crear 220 plazas para la Fuerza Pública.
La tercera permitió incorporar ¢2.295 millones al Ministerio Público, destinados a la creación de 73 nuevos puestos.
Asamblea rebajó partida de intereses en ¢62.000 millones para cubrir 23 rubros
