La Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— cuestiona la legitimidad de la reelección de Nicolás Maduro.
Según su informe titulado Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, publicado este martes, las presidenciales del 28 de julio estuvieron marcadas por una estrategia represiva del régimen venezolano, con el objetivo de perpetuarse en el poder a través de prácticas que alteraron gravemente el orden constitucional y vulneraron los derechos humanos.
El documento identifica tres fases de la estrategia estatal.
La primera, durante el período preelectoral, estuvo caracterizada por acciones que limitaron la participación de la oposición.
«El Estado obstaculizó la participación política utilizando el control de instituciones clave, como el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia», detalla la CIDH.
Asimismo, denunció detenciones arbitrarias de opositores, inhabilitación de líderes políticos y amenazas dirigidas a defensores de derechos humanos.
La segunda etapa se desarrolló el día de las elecciones, cuando el Consejo Nacional Electoral suspendió la transmisión de los resultados y se negó a publicar las actas de votación.
Esta falta de transparencia desató denuncias de fraude y una ola de indignación popular.
Según la CIDH, la oposición recolectó 83,5% de las actas, que muestran la victoria de Edmundo González Urrutia. Estas pruebas cuentan con los sellos y firmas que certificaban su autenticidad, lo que contradice la proclamación de Maduro como ganador.
En la tercera etapa, tras la jornada electoral, las manifestaciones de rechazo fueron reprimidas con violencia extrema.
«La represión incluyó 25 muertes, más de 2.000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas», señala el informe.
Además, se destaca que el régimen llevó a cabo allanamientos sin orden judicial y detenciones masivas como parte de la llamada Operación Tun Tun.
La CIDH subraya que estas violaciones de derechos humanos son producto de un sistema cooptado por el Poder Ejecutivo, donde la corrupción y el control sobre los poderes públicos permiten actuar con total impunidad.
«Las circunstancias que rodearon la elección configuran una alteración grave del orden constitucional», afirmó el organismo de la Organización de Estados Americanos.
El informe concluye que la opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos impiden considerar que la reelección de Maduro tiene legitimidad democrática.
Entre sus recomendaciones, la CIDH exigió al régimen venezolano cesar de inmediato la persecución política y las detenciones arbitrarias, así como liberar a las personas detenidas bajo estas condiciones.
También instó a restablecer el orden constitucional, garantizar la independencia de los poderes públicos, publicar las actas de votación y permitir una auditoría electoral independiente con observación internacional.
Por último, la Comisión llamó a la comunidad internacional a mantenerse vigilante frente a la crisis de derechos humanos en Venezuela y a activar mecanismos diplomáticos para apoyar el retorno de la democracia en el país.
«El compromiso de la CIDH es con el pueblo venezolano», concluye el informe, que reitera la necesidad urgente de frenar las escaladas represivas y reconstruir las garantías democráticas en Venezuela.
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