El Real Club Náutico de Palma ha acogido en 2024 dos Mundiales (de J70 y ClubSwan) y un Campeonato de Europa (de OK Dinghy), que se han sumado a sus cuatro grandes regatas internacionales: Trofeo Princesa Sofía, PalmaVela, Copa del Rey MAPFRE y Trofeo Ciutat de Palma. Ha organizado también una regata oceánica (Palma-Melilla-Palma) y la primera edición del Ciutat de Palma de Piragüismo. « No creo que haya otro club en el mundo con el nivel de actividad del RCNP -razona el director de la entidad, Manu Fraga-. El impacto económico de estos eventos en la ciudad se puede cifrar en más de 40 millones , y además hemos mantenido a pleno rendimiento los equipos deportivos y las escuelas de mar». Esta histórica temporada contrasta con su situación administrativa, pendiente de la resolución de un proceso judicial con la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) por la concesión de las instalaciones que ocupa desde su fundación , en 1948. Todo empezó en 2015, cuando el RCNP solicitó a la APB una ampliación de plazo de 20 años en aplicación de la Ley de Puertos del Estado a partir de la extinción de su concesión, a principios de 2023. El expediente se tramitó con normalidad y en 2019 la APB comunicó que en pocos meses su consejo de administración votaría la ampliación de plazo, lo que no llegó a ocurrir. En cambio, en 2020 la Autoridad Portuaria solicitó un informe a la Abogacía del Estado sobre si la naturaleza del contrato del club permitía la prórroga. Esta concluyó que el RCNP tenía un «contrato de servicios» y no una concesión, y que por tanto no se podía ampliar el plazo. El club alegó que los contratos de servicios habían dejado de existir en 2003 y que la APB le había dado trato de concesión durante dos décadas. Posteriormente, el Consejo de Estado se pronunció en contra de la equiparación del contrato de servicios a una concesión. Ante esta situación, y dado que la APB no respondió nunca a la solicitud de ampliación del plazo, el club decidió interponer en 2023 una demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares -que previamente había fallado a favor de una empresa de Formentera y contra la APB en un caso análogo- por la «desestimación presunta» del expediente. Solicitó también el reconocimiento del derecho a ampliar su concesión. Durante la fase de prueba del proceso judicial, los funcionarios de la APB reconocieron que al RCNP se le había dado trato de concesión, y además en mayo de 2023 se produjo una modificación de la Ley de Puertos del Estado que equipara concesión con cualquier otro tipo de contrato. «Si analizamos todo lo que ha ocurrido -explica el presidente del RCNP, Rafael Gil, que es abogado de profesión-, lo razonable sería que nos fuera bien, ya que n umerosas pruebas corroboran que la APB ha tratado al club como una concesión y, por tanto, tenemos derecho a solicitar una ampliación de plazo y una prórroga, como han conseguido otros operadores portuarios ». En mayo de este año, 3.000 personas se manifestaron en Palma a favor del RCNP , que cuenta también con el apoyo de todas las instituciones regionales por su insustituible labor social y deportiva. Como club náutico, es una entidad deportiva sin ánimo de lucro cuya misión es el fomento de la actividad deportiva y social. Está considerado el «club decano» de Baleares por su vinculación al Club de Regatas, que nació en 1891 y que se fusionó con el Club España para formar el RCNP en 1948. Desde entonces, ha sido el referente de la actividad náutica en Mallorca como impulsor de algunas de las regatas con más solera de Europa. Actualmente cuenta con más de 2.000 familias asociadas y más de medio millar de deportistas federados en sus secciones de vela, piragüismo, paracanoe inclusivo y crucero. Su palmarés está compuesto por 23 títulos mundiales, 18 europeos, 113 campeonatos y copas de España y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio . «Somos una entidad comprometida con la sostenibilidad, la inclusión y el fomento de valores, y nuestras actividades tienen un gran impacto económico para la ciudad», asegura Manu Fraga, quien añade que «no es de recibo que la legislación portuaria española no reconozca la labor de los clubes náuticos a la hora de renovar las concesiones: somos entidades sin ánimo de lucro que repartimos dividendos sociales , no se nos puede comparar ni obligar a competir con operadores cuyo objetivo legítimo son los dividendos de sus accionistas». Además, el Náutico autofinancia todas sus actividades, que están abiertas a la ciudad. El RCNP espera que las autoridades reconozcan su papel como entidad de utilidad pública, referente deportivo y social.
