Ginebra. Más de 5.600 personas murieron el año pasado debido a la violencia de las pandillas en Haití, un millar más que en 2023, alertó este martes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“Estas cifras no pueden por sí solas rendir cuentas de los horrores absolutos que se perpetran en Haití, pero muestran la violencia incesante a la que la población está sometida”, declaró Volker Türk en un comunicado.
Distintos grupos violentos controlan la mayor parte de la capital de Haití, Puerto Príncipe. Este empobrecido país caribeño sufre desde hace décadas una inestabilidad política que ha empeorado en años recientes con el aumento de la fuerza y la organización de estos grupos.
A pesar de una misión liderada por Kenia, con el respaldo de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia sigue agravándose.
El comunicado de la ONU destacó que, en uno de los peores sucesos de 2024, al menos 207 personas fueron asesinadas a principios de diciembre en una masacre organizada por el líder del poderoso grupo Wharf Jeremie en la zona de Cite Soleil, en la capital.
Muchas de las víctimas eran personas mayores, supuestamente implicadas en prácticas de vudú, acusadas por un líder del clan de envenenar a su hijo. Los sospechosos fueron llevados a un “centro de formación”, donde muchos fueron descuartizados o quemados después de ser asesinados.
La oficina de la ONU documentó, además, 315 linchamientos perpetrados por miembros de estas pandillas o personas presuntamente asociadas con ellas, en algunos casos facilitados por oficiales de policía haitianos.
Asimismo, se registraron 281 casos de supuestas ejecuciones sumarias cometidas por unidades policiales en el mismo periodo.
“Por mucho tiempo ha quedado claro que la impunidad para las violaciones y los abusos de los derechos humanos, además de la corrupción, continúan siendo prevalentes en Haití, constituyendo algunos de los principales factores de la crisis multidimensional que enfrenta el país, junto con las arraigadas desigualdades económicas y sociales”, afirmó Türk.
El Alto Comisionado subrayó que “restaurar el Estado de derecho debe ser una prioridad” y solicitó que se garantice a la misión de Kenia “el apoyo logístico y financiero necesario para implementar con éxito su mandato”.
Además, pidió que la policía nacional de Haití, con apoyo internacional, refuerce su vigilancia para que los agentes presuntamente implicados en estos abusos rindan cuentas.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos también expresó su preocupación por las deportaciones a Haití, insistiendo en que “la aguda inseguridad y la crisis de derechos humanos resultante en el país simplemente no permiten el regreso seguro, digno y sostenible de los haitianos”.
