En línea con el ajuste que aplica sobre el Estado desde hace un año, el Gobierno Nacional prorrogó por un año la vigencia de la normativa que restringía las subas salariales de empleados públicos.
Se trata de la Decisión Administrativa 28/2024, de febrero del año pasado, que establecía que los aumentos deben negociarse exclusivamente dentro de los parámetros presupuestarios de cada dependencia.
Esto condiciona las actualizaciones salariales al cumplimiento estricto del marco financiero aprobado en el presupuesto nacional, que, por ahora, será el mismo que en 2023, luego de que el Gobierno lo volviera a prorrogar.
Con la Decisión Administrativa 1/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, se prorroga la determinación de 2024.
La decisión del Gobierno para los salarios de empleados públicos.
El documento oficial, firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, establece que la medida busca garantizar la "equidad salarial" y mantener la "homogeneidad en la negociación de salarios" a lo largo del año fiscal 2025.
Según se argumenta en el texto, estas directrices permiten optimizar los recursos del Estado y seguir avanzando hacia el equilibrio fiscal.
La normativa subraya que las jurisdicciones y organismos descentralizados, así como las empresas y sociedades del Estado, están obligados a negociar los incrementos salariales únicamente dentro de las previsiones presupuestarias vigentes.
En este sentido, tal como se mencionó en el decreto prorrogado, la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público continuará desempeñando un papel central en la evaluación y análisis de las condiciones salariales para garantizar un enfoque coordinado en las negociaciones colectivas.
Además, cualquier actualización en las retribuciones del personal debe estar sujeta a la aprobación previa de los órganos competentes en la materia, según remarca el texto.
Además, se recuerda que las convenciones colectivas deben respetar los procedimientos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo y otros marcos legales aplicables.
De acuerdo con el Gobierno, esta extensión pretende continuar por el camino iniciado en 2024, en el que se implementaron medidas destinadas a reducir el gasto público sin comprometer el "funcionamiento eficiente del Estado".
