Quienes están familiarizados con la desastrosa y decadente situación de Petroperú (que a estas alturas ya debería ser casi todo el Perú) no deberían sorprenderse de que en los últimos días hayan aparecido dos noticias más que nos hacen recordar lo mucho que nos está costando la empresa a todos los peruanos, tanto en bienestar como en dinero.
Primero está el tema del derrame de petróleo. Un accidente, como el que tuvo Petroperú hace unos días, puede ocurrir en muchas empresas. Hace no mucho le sucedió a Repsol y esta reciente experiencia debía de haberle servido mucho a la empresa estatal, pero no fue así. En el caso de Repsol, la discusión estuvo rápidamente centrada en la magnitud del daño, en quiénes eran los responsables y en cuánto costaría subsanar el daño causado. Lo que extraña en el caso de Petroperú es que, ocurrido el accidente, no se haya aclarado rápidamente qué falló, qué medidas se tomarán para que no vuelva a ocurrir, cuánto petróleo se derramó y cómo serían resarcidos los afectados.
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Lo que vimos fue al presidente de la empresa y a su gerente general minimizando lo ocurrido, confundiendo y evadiendo preguntas de la prensa (nos explicó el gerente general que fue una “pequeña fuga”, no un “derrame”) y dando aviso adelantado que “lógicamente” el monto de su esfuerzo por subsanar el daño se vería limitado por “lo que la ley les permite”. En el caso de una empresa privada, ninguna ley limita cuánto se va a gastar en subsanar un daño. Con estas declaraciones no queda duda de que el gerente general intentará escudarse en alguna norma aplicable a las empresas estatales para limitar así su exposición a los costos de la “pequeña fuga”.
Lo único lógico aquí es que Petroperú está quebrada y, por lo tanto, no está en capacidad de pagar por ningún daño ambiental de consideración. Lo cual nos lleva a la segunda noticia relacionada con Petroperú: la última deuda en que hemos incurrido todos los peruanos para financiar, temporalmente, su enorme déficit.
Como informamos en esta columna, en los diez años hasta antes del último salvataje ocurrido hace unos meses, el Estado peruano (o sea, nosotros) había invertido 20,000 millones de soles en Petroperú y estimábamos que invertiría unos 8,000 millones de soles adicionales a raíz del último salvataje (que no sería el último). Todo esto se hizo sin tomar ni esperar ninguna medida para que se detuviera la hemorragia de Petroperú; la empresa siguió como si nada hubiera pasado.
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Fue difícil calcular con precisión la cifra del último salvataje porque involucraba cosas, como la deuda con diversos proveedores, que no son públicas y solo pude estimar. Pero hace unas dos semanas el MEF tuvo que endeudarse por aproximadamente 3,000 millones de soles para financiar una parte de los estimados 8,000 millones a los que se habría comprometido. No nos cabe ninguna duda de que en el futuro cercano seguiremos encontrándonos con nuevas maneras de financiar a Petroperú, algunas más obvias que otras.
Así, recientemente, el presidente del directorio de Petroperú ha intentado que la empresa reciba, sin concurso, algunas concesiones de pozos petroleros que están por vencer. Normalmente, estas concesiones se otorgan a través de concursos, donde los postores compiten ofreciendo compromisos de inversión y regalías para el Estado. Pero si estas concesiones se entregaran directamente a Petroperú, la empresa no tendría que invertir ni pagar regalías, convirtiéndolas en una fuente de ingresos fácil. Esto sería un regalo para Petroperú, pero con consecuencias serias: los pozos se deteriorarían por falta de inversión, y el Estado perdería las regalías que antes recibía.
En una reciente entrevista, el propio presidente de Petroperú admitió que la empresa no tiene solvencia financiera para participar en un concurso, pero aun así busca quedarse con las concesiones. Aunque el gobierno ha rechazado esta propuesta hasta ahora, no hay garantías de que no cambie de opinión en el futuro.
Vale la pena notar que a Petroperú ya se le otorgaron sin concurso dos concesiones durante la presidencia de Pedro Castillo. ¿Quién aprobó esta dádiva, se preguntarán? La respuesta es que quien dio la autorización era el entonces ministro de Energía y Minas y actual gerente general de Petroperú. A buen entendedor.
La pregunta que se cae de madura es: ¿ha valido la pena invertir más de 23,000 millones de soles en Petroperú? ¿Qué hemos obtenido a cambio? Para ponerlo en contexto, 23,000 millones de soles son el equivalente a financiar el presupuesto anual del programa Pensión 65 hasta el año 2042; o 4 veces lo que gasta el Estado anualmente en reducción de delitos que afectan la seguridad ciudadana; ¡o el costo estimado de la nueva carretera central, que será la inversión más grande de la historia del Perú!
La refinería de Talara es el mayor proyecto de inversión en la historia del Perú. Sin embargo, dedicar recursos escasos del Estado a este proyecto es una decisión tremendamente costosa que no generará beneficios para la sociedad que no podrían haberse obtenido de manera más eficiente y a menor costo por parte del sector privado. Si a la refinería de Talara se le evaluara con los mismos criterios que se aplican a todos los demás proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, la respuesta sería clarísima: no se habría hecho.
Petroperú es uno de los ejemplos más ampliamente conocidos del escandaloso mal uso de recursos públicos. Pero este es solo un caso entre muchos más. Velar por el buen uso de los recursos públicos es la principal función del Estado, que le ha fallado a la sociedad peruana en casi todos los aspectos. Ha gastado recursos en donde no debiera y, donde sí debiera, lo ha hecho sin cuidado.
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En lugar de seguridad, salud, educación, infraestructura y justicia social, el Estado ha gastado miles de millones disfrazados de falso patriotismo; en lugar de buscar la meritocracia, se ha despilfarrado recursos en la mediocridad; en lugar de planificación cuidadosa, se ha optado por el caos y la prebenda.
Cuando el directorio de una empresa intenta acabar con el dispendio innecesario de recursos públicos y la respuesta del gobierno es acabar con el directorio, debemos alarmarnos. Cuando el gobierno pone a cargo de una empresa quebrada a los mismos responsables de haberla quebrado, algo huele muy mal.
Un gobierno con algo de muñeca y medio gramo de sensatez debería estar en la capacidad de terminar con Petroperú tal y como la conocemos hoy. El camino pasa por sincerar la dramática situación financiera, cortar la abultada planilla dorada, pasar a una estructura de gestión privada y, eventualmente, vender el mayor porcentaje posible al sector privado. Rutas similares se lograron antes con las empresas públicas en el Perú y con petroleras en otros países de la región. Ideas y salidas hay. Voluntad política y decisión, inexplicablemente, no.
