Desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007, retocada en 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez –siempre con la mirada en la figura de Franco, ahora más que nunca en boga por los 50 años del 20N–, la normativa estatal es de aplicación en todo el territorio nacional, aunque varias comunidades autónomas han ido dando salida durante la última década a sus propias leyes regionales de forma complementaria, excepto Madrid, Galicia, Murcia y Castilla-La Mancha, que no cuentan con ninguna ley particular en esta materia.
El Gobierno central ya anunció en abril que recurriría al Tribunal Constitucional las normas emanadas de las comunidades que dieran el paso de la derogación.
La ley de Memoria sí ha seguido este camino en Aragón, en la Comunidad Valenciana y en Cantabria, y además está en marcha en Extremadura. Mientras, Baleares continuará teniendo una norma en esta materia, después de que el Pleno del Parlamento autonómico tumbara la propuesta de Vox que pretendía derogarla con la abstención del PP, que selló un acuerdo con los partidos de la izquierda a cambio de su respaldo a dos decretos.
La primera comunidad donde se eliminó la ley autonómica previa fue en territorio aragonés, donde PP y Vox defienden ampliar la definición que comprende el artículo 6 sobre la consideración de «víctima» a «la Guerra Civil y el franquismo» para que incluya también la Segunda República. En esta región, el Ejecutivo planteó un Plan de Concordia, que no tiene rango de ley, para incluir a las víctimas del periodo democrático, en referencia al terrorismo de ETA y yihadista. Está recurrida ante el Constitucional.
En el caso valenciano, también formaba parte del pacto de gobierno entre PP y Vox anular esta norma, y así se hizo el pasado julio, en sustitución de la actual ley autonómica aprobada en 2017 bajo el Gobierno del socialista Ximo Puig. La nueva propuesta pretende «honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta la actualidad». El Gobierno central no ha presentado recurso hasta ahora.
En Cantabria, donde gobierna el PP en minoría, el Parlamento regional derogó la Ley de Memoria en noviembre. Una decisión del PP y Vox que rechazan PRC y PSOE. «Esta ley nació con un pecado original: estableció víctimas de primera y de segunda, con reconocimiento y reparación de las que se opusieron al golpe militar y con subvenciones para financiar las actividades de las asociaciones de memoria histórica de un bando, no del otro», señaló el PP.
Además de Baleares, hay otra comunidad donde se planteó una derogación que no se ha hecho efectiva. En Castilla y León, el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox contemplaba el compromiso de impulsar una ley de concordia en su lugar. Sin embargo, con Vox ya en la oposición, el PP votó en contra por falta del informe del Consejo Consultivo.
Desde la Junta de Extremadura se dijo en principio que «no es una prioridad» tocar la norma, aunque ahora está en vías de tramitar la ley de concordia presentada por Vox porque «todo lo que suena a entendimiento y a encuentro de españoles suena extraordinariamente bien», según la dirección del PP, en boca de Borja Sémper.
En Cataluña, el Gobierno de Salvador Illa retomó y dio el visto bueno al proyecto de ley de Memoria que impulsó el expresidente Pere Aragonès, tras un acuerdo con ERC. Había superado todos los trámites, aunque a última hora decayó por el adelanto electoral.
También hay una normativa vigente en Asturias, que fue aprobada en 2019 a instancias de IU con el respaldo de la izquierda; en Andalucía, desde 2017, con apoyo de la izquierda y la abstención del PP y Cs; en Canarias, desde 2018, bajo mandato de Coalición Canaria; en La Rioja, aprobada en 2022 por la izquierda; en el País Vasco, desde 2023, de mano del PNV, Bildu y el PSE, y en Navarra, con visto bueno en 2013.
[[QUOTE:BLOCK|||
En Navarra existe una normativa aprobada en 2013, llamada ley foral «de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936». Con el país salpicado de restos en el punto de mira de las asociaciones memorialistas –y el Valle de los Caídos como diana recurrente– en esta comunidad se encuentra amenazado el Monumento a los Caídos de Pamplona, donde estuvieron enterrados Mola y Sanjurjo y cuyos detractores quieren derribar. Tras el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento por EH Bildu, el PSN y Geroa Bai para su resignificación, el siguiente paso será el cambio de nivel de protección para poder intervenir en el edificio, vacío tras haber sido usado como sala de exposiciones. La Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica insiste en reclamar la salvaguarda del espacio. El próximo capítulo se vivirá en una manifestación el día 18 que volverá a reclamar un derribo a todas luces desmedido.
]]