El nuevo presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es el exprocurador general del segundo gobierno aprista, Gino Ríos, y la vicepresidenta es la excongresista de Podemos Perú, María Teresa Cabrera.
La nueva JNJ, además, está integrada por los magistrados Francisco Távara, Jaime de la Puente, Víctor Chaduví y Germán Serkovic. El periodo de ellos es hasta el 2030.
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El único que queda de la anterior composición es Marco Falconí, quien deja sus funciones el 20 de enero. En su lugar ingresará el jurista Rafael Ruiz Hidalgo.
Así se completarán los siete integrantes. Este lunes hubo humo blanco: hay nuevo presidente, en reemplazo del saliente magistrado Antonio de la Haza. Había trascendido que los dos favoritos para ese cargo eran Távara y Ríos. Terminó ganando el último.
Y terminó ganando Ríos.
La asunción de Ríos podría calmar los ánimos, por ahora, del Congreso en su intención aprobar una ley que elimina la JNJ para crear la Escuela Nacional de la Magistratura.
La República informó que Fuerza Popular lo respalda. El fujimorismo, a través de su congresista Fernando Rospigliosi, quien preside la Comisión de Constitución, retrocedió en diciembre del año pasado en su pretensión de debatir en el Pleno el proyecto de la legisladora y exfiscal de la Nación, Gladys Echaiz, para eliminar la JNJ.
En parte, gracias a ese retroceso, la JNJ sigue existiendo, por ahora.
Pero eso no es todo.
Según Epicentro TV, Ríos fue investigado por el presunto uso de procuradores para defenderlo frente a una demanda de divorcio.
El nuevo presidente de la JNJ fue procurador anticorrupción. Fue nombrado en ese cargo en 2006 durante el segundo gobierno de Alan García.
La abogada Elena Tello, quien patrocinó a su exesposa, declaró a Epicentro TV que el magistrado "utilizó a los abogados que trabajaban para el Estado, a los procuradores ad hoc, para que se apersonaran a la causa de alimentos, sobre todo".
La respuesta de Ríos es que esa investigación fue archivada en la Primera Fiscalía Suprema Penal del Ministerio Público.
Después de Ríos, el segundo al mando en la JNJ es la excongresista de Podemos Perú, María Teresa Cabrera, recordada por su crítica a las protestas contra el régimen de Manuel Merino, durante una sesión de la Comisión de Justicia del Congreso en 2020.
"Ahí están las pintas, sin respetar la propiedad pública ni privada. Incendiarios causan daños contra la propiedad privada, como parte de la alteración al orden público. Resistencia a la autoridad, daños contra la propiedad privada, disturbios en la vía pública, daños contra el ornato público (...) ¿Qué les parece la gentita que ha hecho eso? ¿Quieren al Perú o no lo quieren? ¿O quieren seguir viviendo en una mamadera?”, dijo Cabrera en esa oportunidad.
Luego Cabrera postuló a la vicepresidencia en las elecciones generales del 2021, también con Podemos Perú y en la plancha de Daniel Urresti, ahora sentenciado por el caso Hugo Bustíos.
La anterior JNJ pudo destituir a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sin embargo, ella ha presentado una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) buscando anular esa decisión y retornar al cargo.
Independiente de la decisión que tome el TC elegido por este Congreso, quedaron dos procesos disciplinarios pendientes de resolver en la JNJ contra Benavides: uno por la tesis no encontrada, donde el exmagistrado Aldo Vásquez fue instructor, y otra por el caso Valkiria, donde la instructora fue la exmagistrada Imelda Tumialán.
No obstante, los procesos no solo giran sobre Benavides. La JNJ puede, en casos excepcionales, investigar a fiscales y jueces.
Por ejemplo, en febrero del año pasado, la junta le abrió una investigación a los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, y al fiscal supremo Pablo Sánchez, tras las declaraciones del exasesor de Benavides, Jaime Villanueva.
Además de eso, la JNJ tendrá al frente a un Congreso que busca restarle facultades como la de elegir jueces y fiscales.
Perú Libre impulsa un proyecto de ley para que el Parlamento elija jueces y fiscales. El expresidente de la JNJ, Antonio de la Haza, consideró que esa propuesta es un retroceso.
