"Sal, grita, lucha": la líder opositora María Corina Machado convocó este domingo a protestas el jueves 9 de enero en Venezuela, un día antes de la juramentación del presidente Nicolás Maduro para un cuestionado tercer mandato.
La oposición acusa a Maduro de "fraude" e insiste en que el diplomático Edmundo González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio.
El llamado a protestar viene condicionado por la dura represión de las manifestaciones que estallaron después de que las autoridades electorales proclamaran reelecto a Maduro, que dejaron 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos en apenas 48 horas. Tres de los arrestados fallecieron en prisión.
"Salgamos llenos de confianza. Paralizados no logramos el cambio. Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás", dijo Machado en un video que divulgó en redes sociales, sin precisar la hora o el lugar de las concentraciones. "Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes y hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó".
El 9 de enero "será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo: ¡basta!", expresó Machado desde la clandestinidad tras amenazas de cárcel. "Yo voy contigo", prometió la dirigente, cuya última aparición pública fue el 28 de agosto.
El viernes 10 está previsto que Maduro se juramente ante el Parlamento, controlado por el chavismo, que este domingo ratificó como presidente de su junta directiva a Jorge Rodríguez, un poderoso y cercano aliado del gobernante izquierdista.
Funcionarios policiales y militares iniciaron un amplio despliegue, constataron reporteros de la AFP.
"¡El 10 es la cosa! Ya saben. Nos vemos en las calles, en las esquinas, en el barrio (...). El 10 juramos por Venezuela", publicó el mandatario en redes sociales, reiterando a la vez su llamado a movilizaciones oficialistas para acompañar su toma de posesión para un tercer período consecutivo de seis años (2025-2031).
Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con 52% de los votos, sin que hasta el momento se haya publicado un escrutinio detallado, como exige la ley. La oposición, por su parte, publicó en una web copias de actas electorales que sostienen la victoria de González Urrutia con más del 70% del sufragio.
Jorge Rodríguez calificó de "mentiras" y "patrañas" las denuncias opositoras.
González Urrutia, quien se exilió en España en septiembre, prometió volver a Venezuela para la toma de posesión. Cumple con una gira internacional por Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana.
"Voy a firmar como primer acto del presidente de la Asamblea Nacional, como primer acto de nuestra junta directiva y como primer acto del Parlamento la reiteración de la invitación a quien resultara electo como presidente constitucional (...), Nicolás Maduro", dijo Rodríguez entre aplausos después de su ratificación en el cargo.
Psiquiatra de profesión y al frente del congreso desde enero de 2021, este político de 59 años ha ocupado posiciones clave.
Rodríguez encabezó las negociaciones entre delegados del chavismo y la oposición, con participación de Estados Unidos, en camino a las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Fue el jefe de campaña de Maduro e integró por años su gabinete ministerial. Llegó a ser vicepresidente del fallecido Hugo Chávez.
Fueron ratificados también Pedro Infante y América Pérez como vicepresidentes de la Asamblea Nacional.
Este año, en una fecha por determinar, corresponden nuevas elecciones legislativas. Están igualmente previstos comicios para elegir alcaldes y gobernadores.
Maduro, en el poder desde 2013, impulsará en su tercer mandato "una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana".
"Ponemos a disposición la Asamblea Nacional", señaló Rodríguez, para "acompañar la discusión" de esta reforma de la que no está claro su alcance y magnitud.
En medio de esta convocatoria, el Parlamento ha venido aprobando leyes cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
A finales de noviembre, los legisladores aprobaron una ley que castiga con pena máxima de 30 años de cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra el país, lo que activistas consideran una excusa para perseguir a opositores. El instrumento contempla juicios en ausencia
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