El Congreso aprobó recientemente una legislación clave que beneficiará a millones de jubilados en Estados Unidos. La nueva ley, respaldada por un apoyo bipartidista, busca eliminar disposiciones que históricamente han reducido los cheques de Seguro Social para ciertos grupos de pensionados.
El presidente Joe Biden firmará esta normativa, marcando un paso significativo en la protección de los derechos de los beneficiarios.
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La legislación elimina dos disposiciones específicas: la Windfall Elimination Provision (WEP) y la Government Pension Offset (GPO). Estas normas han afectado durante años a trabajadores que han contribuido parcialmente al Seguro Social.
La primera disposición reduce los pagos a personas que reciben una jubilación de trabajos donde no aportaron directamente al Seguro Social, pero sí contribuyeron en empleos anteriores. Este grupo incluye a empleados públicos, como maestros y bomberos.
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La eliminación de estas disposiciones significa un aumento directo en los pagos para cerca de 2.8 millones de personas. Muchos jubilados, especialmente aquellos en el sector público, habían visto reducidos sus cheques de forma significativa.
Por ejemplo, una persona con una pensión de US$3.000 por un trabajo en el sector público podría recibir solo US$100 de los beneficios de su cónyuge fallecido debido a la deducción impuesta por el GPO.
Entre los grupos más afectados por las normas anteriores se encuentran maestros, bomberos y policías, quienes a menudo tienen empleos que no aportan al Seguro Social. Estos trabajadores verán un cambio importante en sus pagos mensuales.
Garret Graves y Abigail Spanberger, impulsores de esta ley, señalaron que durante más de 40 años los fondos del Seguro Social han crecido artificialmente a costa de beneficios retenidos injustamente.
Aunque la ley trae alivio a millones de jubilados, algunos expertos expresan preocupación sobre la sostenibilidad de los fondos del Seguro Social. El sistema ya enfrenta desafíos económicos, y la eliminación de estas disposiciones podría acelerar ciertos déficits.
Sin embargo, los legisladores aseguran que existen mecanismos para mitigar estos efectos y garantizar la estabilidad del programa a largo plazo.
Los aumentos en los cheques comenzarán a reflejarse gradualmente en los pagos mensuales de los beneficiarios. La Administración del Seguro Social será la encargada de supervisar y ajustar los pagos para garantizar que cada jubilado reciba el monto adecuado.
Además, se espera que las personas afectadas por las deducciones anteriores reciban notificaciones oficiales sobre los nuevos cálculos de sus pagos.
