El reciente planteamiento de un recurso ante la Corte Electoral de Uruguay ha generado un debate sobre la legalidad e implicancia del voto cruzado.
La propuesta, impulsada por el Partido Colorado y apoyada por el Partido Independiente, busca cambios en los reglamentos que regirán las elecciones departamentales y municipales de mayo. Esta situación activa una discusión entre el fortalecimiento de los partidos y la libertad de los electores.
La iniciativa llegó en un momento inesperado, presentándose el lunes para ejecutarse el viernes, justo al borde del cierre del año. Esta premura provocó cuestionamientos sobre el proceso y sus justificaciones.
El diputado reelecto Felipe Schipani, quien lideró la propuesta, argumentó que se busca priorizar la libertad del votante al permitir el cruzamiento de boletas entre los diferentes niveles de elección.
El voto cruzado fue el punto más controversial de la propuesta. Desde 2010, cuando se introdujeron las elecciones de alcaldes, se ha mantenido la obligatoriedad de votar únicamente por boletas del mismo lema. Schipani afirmó que permitir el voto cruzado representaría una libertad fundamental para los electores, quienes deberían poder elegir a sus representantes sin restricciones partidarias.
El segundo aspecto del recurso pide la eliminación de la llamada cláusula candado, que impide a quienes se presentaron en una elección interna por un lema postularse en otro durante las elecciones municipales. Esta reglamentación ha sido objeto de críticas, ya que se considera restrictiva y limitante para los candidatos potenciales.
Ahora, el recurso deberá ser evaluado por la Corte Electoral, donde será estudiado por su comisión de Asuntos Electorales antes de ser sometido a votación por los ministros. Será interesante observar cómo se toman las decisiones en un entorno donde las motivaciones políticas pueden influir sobre estos aspectos.
Schipani ha cuestionado la imparcialidad de los reglamentos, argumentando que estos privilegian motivaciones políticas en lugar de consideraciones jurídicas. Sugirió que, con la implementación del voto cruzado, habría una mayor representación de partidos minoritarios en las alcaldías, lo que podría modificar el equilibrio de poder en las elecciones departamentales.
El Frente Amplio ha adoptado una posición unificada en contra de los cambios propuestos. Dirigentes del FA, como Sebastián Sabini, han enfatizado que no es apropiado modificar las reglas del juego a tan pocas semanas de las elecciones. Esta postura se basa en el principio de estabilidad electoral y la necesidad de respetar los marcos regulativos existentes.
El mensaje de la oposición también señala que la coalición de izquierda no es responsable de las limitaciones impuestas por la legislación actual. La posibilidad de realizar cambios en los reglamentos se enfrenta a un panorama de resistencia y cuestionamiento entre los actores políticos, lo que podría dificultar el proceso de reformas.
Desde el Partido Nacional han surgido declaraciones que refuerzan su desacuerdo con el voto cruzado. La presidenta del partido, Macarena Rubio, ha dejado claro que su postura no respalda esta opción, aunque apoya la posibilidad de que candidatos de diferentes lemas puedan presentarse en elecciones municipales. Esta opinión refleja las tensiones internas en torno al tema y la necesidad de mantener una postura clara ante la comunidad electoral.
El diputado Juan Martín Rodríguez ha arrojado luz sobre los antecedentes legales que respaldan el argumento de ilegalidad del voto cruzado. Al igual que otros miembros de su partido, considera que permitir el voto cruzado violaría principios establecidos en la Ley de Elecciones. Este argumento se convierte en una defensa de la estructura partidaria en curso y sus fundamentos jurídicos.
