Este martes arranca el juicio en la Audiencia Provincial de Guadalajara contra Víctor San Vidal , quien fuera alcalde de Fontanar y que se enfrenta a diez años de prisión acusado de los delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación . La Fiscalía pide cinco años de prisión y una multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros, con arresto sustitutorio en caso de impago de 10 meses de prisión, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de falsedad en documento oficial y por otro continuado de malversación y apropiación indebida. Y otros cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo publico y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito continuado de prevaricación y fraude. Además del exalcalde, en el banquillo también se sentarán otras cuatro personas, entre ellas la secretaria-interventora, A. M. C. C., para quienes se piden penas que van desde dos años y medio hasta los cinco años. El juicio comenzará con el interrogatorio de los procesados. Además, pasarán por la sala una treintena de testigos, peritos y se presentarán pruebas documentales, así como informes de los ordenadores intervenidos, intervenciones telefónicas, documentación contable del ayuntamiento o de la Diputación de Guadalajara. La conclusión de la Fiscalía es que los acusados «infringieron el deber de gestión leal de los fondos públicos a su cargo» y «la confianza ciudadana» en la correcta gestión y desprotegieron el patrimonio público. En el caso de San Vidal, quien mantenía una relación de estrecha amistad con el también acusado M. C. J., lo nombró jefe de Protección Civil y, «de común acuerdo entre ambos», M. C. J. pasó a «controlar» la contabilidad del ayuntamiento. Aunque no tenía ninguna competencia en la materia, el jefe de Protección Civil accedía al sistema Gestiona, la plataforma de gestión documental para las entidades locales. Así idearon un sistema para que M. C. J. tuviera acceso desde su domicilio a cualquier CPU que estuviera conectada a la red privada del ayuntamiento, «de manera que instaló un sistema de control en los ordenadores de las funcionarias donde se tenían que apuntar los ingresos que iban efectuando en metálico los vecinos, para posteriormente hacerlos desaparecer, de esta manera contribuía, junto al acusado V.S.V.M., a ocultar las cantidades de dinero que realmente se recaudaban, de las que se apropiaban con posterioridad ellos o terceras personas». Tampoco consta ninguna recaudación de las fiestas patronales desde el año 2016 y en 2018 figura únicamente la cantidad de 1.315 euros. Y como dichas cantidades eran aportadas por los vecinos en efectivo, fueron las auxiliares del ayuntamiento, ante la sospecha de que no se estaban ingresando en las cuentas, las que llevaron una contabilidad paralela, apuntando cada cantidad entregada por los vecinos. Por otro lado, el alcalde presentaba facturas al ayuntamiento por servicios o suministros que decía pagados por él y, con la colaboración de la secretaria, se le realizaban a él dichos pagos. Y encontrándose de baja laboral presentó facturas por gastos de desplazamiento y dietas por las funciones propias de alcalde por 2.403,45 euros. O simuló haber realizado varios cursos sin ser verdad, aceptando la subvención y falsificando certificaciones de asistencia. Finalmente, Víctor San Vidal dimitió en marzo de 2024 después de que la Fiscalía anunciara que se le iba a investigar por los supuestos delitos de «acoso laboral o trato degradante» al difundirse un vídeo en el que se le escucha insultar a gritos a una empleada municipal.
