Pedro Sánchez trata de proyectar que la economía española va bien, pero basta con ampliar el zoom sobre los datos para ver que realmente las afirmaciones de Sánchez están infladas y quedan desmentidas por la realidad: el PIB crece, pero sobre todo a costa del gasto público y sin que los beneficios lleguen a los ciudadanos. De hecho, los propios ciudadanos tampoco son, ni mucho menos, complacientes como Sánchez: son mucho más críticos. Incluso los votantes de los socios del Gobierno, como los de Junts: un 57,1% cree que la situación de la economía española es mala o muy mala y un 50,4% opina lo mismo sobre la catalana.
Así se desprende de la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, publicado el 27 de noviembre. Este balance crítico de los votantes de Junts se alinea mucho con la valoración que hacen los electores del PP catalán: un 53,9% cree que la economía autonómica vive un mal momento, mientras que un 58,7% opina lo mismo sobre la española.
No cabe olvidar que la economía se ha convertido en el principal obstáculo de Sánchez para sobrevivir con unos aliados tan heterogéneos, como la derecha representada por Junts y la izquierda encarnada por Podemos. Ambas formaciones se han demostrado incompatibles y están conduciendo al Gobierno a sonadas derrotadas parlamentarias, como el decreto que Moncloa va a llevar este mes de enero al Congreso para reponer el impuesto a las empresas energéticas, una medida que Podemos, ERC y Bildu han exigido, pero que Junts y PNV se oponen a apoyar.
Los votantes de Junts no solo hacen una valoración crítica de la economía española y catalana, con gobiernos socialistas, sino que también advierten de que el funcionamiento de la economía es el cuarto problema más importante que hay ahora, tan solo por detrás del acceso a la vivienda (18,6%); insatisfacción con la política (11,4%); y, las relaciones entre Cataluña y España (10,5%). La economía es el problema más importante para el 8,6%, muy cercano al 10,2% de los electores del PP.
En este sentido, el acceso a la vivienda también puede interpretarse como un problema económico y ahí tanto Junts como el Gobierno del PSOE y la Generalitat del PSC tienen recetas muy distintas que pueden chocar en este 2025. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Gobierno se va a ver acorralado por la izquierda para buscar soluciones al problema de la vivienda y el Govern tiene intención de redoblar la presión sobre los precios de los alquileres con la imposición de sanciones a los que incumplan la Ley. En cambio, los posconvergentes hacen énfasis en crear vivienda, bajar impuestos en la compra y evitar los topes que han generado una crisis de oferta y de precios en el último año en Cataluña y, sobre todo, en Barcelona.
Nada más empezar el año, está previsto que el PP registre su ley de vivienda en el Congreso y está por ver cuándo se debate y se vote en el Congreso: ahí Junts tendrá la llave para decidir si sigue la tramitación.
