2025 empieza con decenas de leyes en tramitación, algunas de ellas rescatadas de la anterior legislatura e insistentemente demandadas por los socios del Gobierno
El PSOE enfría las reformas más progresistas para evitar nuevos choques con PNV y Junts antes de los Presupuestos
2024 finalizó con varias leyes importantes en plazo de enmiendas. Son proyectos o proposiciones de ley que están en tramitación a la espera de propuestas de modificación que presenten los grupos parlamentarios y que previsiblemente durante 2025 serán aprobadas o rechazadas por el Congreso de los Diputados. La Ley de Familias, la del cine o la que pretende instaurar la universalidad del Sistema Nacional de Salud se suman a las reformas de la ley de secretos oficiales, el Código Penal o la norma que busca rebajar la edad de jubilación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todas ellas esperan a concluir su tramitación en la Cámara Baja.
Una de las más destacables es la Ley de Familias, ampliamente debatida durante la anterior legislatura. El Consejo de Ministros aprobó en marzo en segunda vuelta la ley de familias, impulsada inicialmente en 2022 por Ione Belarra, líder de Podemos y entonces ministra de Derechos Sociales. La normativa introduce medidas como permisos laborales para el cuidado de familiares, ampliaciones en deducciones por maternidad y la equiparación de derechos entre parejas de hecho y matrimonios, incluyendo el acceso a pensiones de viudedad y beneficios sociales.
También destaca el reconocimiento de familias monoparentales con dos hijos como equivalentes a familias numerosas y la creación de categorías para familias con mayores necesidades de apoyo, como las afectadas por discapacidades o violencia de género. El actual ministro del ramo, Pablo Bustinduy, espera la inclusión de mejoras durante su fase parlamentaria, como la ampliación de los permisos parentales retribuidos y la extensión de las bajas por nacimiento.
Desde el entorno de los ministerios en manos del socio minoritario de la coalición, Sumar, se han presentado varias propuestas de leyes nuevas o rescatadas de la anterior legislatura. El Ministerio de Sanidad ha lanzado el proyecto de ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, destinado a erradicar la exclusión sanitaria instaurada en 2012 y subsanar las “deficiencias” del decreto de 2018 que no logró garantizar el acceso a la sanidad para personas sin papeles. La norma, impulsada por Mónica García, ministra de Sanidad, es muy parecida a la redactada en la anterior legislatura por la exministra Carolina Darias.
La intención es garantizar la protección sanitaria para colectivos vulnerables, como migrantes no regularizados, víctimas de trata, y españoles residentes en el extranjero durante visitas temporales. Además, elimina la necesidad de empadronamiento y simplifica el acceso mediante una declaración responsable. Se prohíben nuevos copagos en servicios básicos, cerrando lagunas burocráticas que facilitaban la exclusión.
El ministerio de Cultura ha reactivado, por su parte, la Ley del Cine, que llevaba en espera desde 2022 tras su aprobación inicial en el Consejo de Ministros. El nuevo texto busca proteger especialmente a los productores independientes, priorizando las ayudas públicas para ellos. Además, la ley amplía su alcance para incluir series y otras producciones audiovisuales, permitiéndoles optar por primera vez a subvenciones. También introduce medidas para garantizar la diversidad, la igualdad de género, y fomenta la transparencia de plataformas como Netflix y Max al exigir datos de audiencia. Otra novedad es la creación del Consejo Estatal de las Artes Audiovisuales.
Una propuesta más de Sumar que ha aprobado el Gobierno proviene del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda pretende modernizar a través de una ley un sector que considera “clave”, el de la Economía Social, porque genera el 10% del PIB y emplea a más de 2,2 millones de personas. El texto actualiza la normativa de cooperativas, fomenta la igualdad mediante planes específicos, fortalece la regulación de Empresas de Inserción para apoyar a colectivos vulnerables y redefine su papel en la inclusión laboral.
Además, adapta la Ley de Economía Social hacia un modelo que, según la vicepresidenta, será “más verde, feminista y democrático”, reforzando “el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad, el trabajo decente y la justicia social”. La ministra presentó la ley tras anunciar también que València será la capital española de la economía social.
Un tema que lleva años en el limbo parlamentario y que finalmente parece que va a salir adelante, a propuesta del PNV, es la reforma de la Ley de secretos oficiales, preconstitucional y vigente desde 1968. Los nacionalistas proponen adaptarla a los “estándares democráticos actuales”, estableciendo nuevos criterios para la clasificación y desclasificación de información y garantizando una mayor transparencia. La propuesta limita la desclasificación de documentos secretos a 25 años, con una prórroga máxima de 10, y establece que los documentos reservados sean desclasificados tras 10 años. La iniciativa busca modernizar la legislación actual, que carece de plazos definidos, y alinear los estándares españoles con los europeos.
Aunque cuenta con el apoyo de varios socios del Gobierno, como ERC y Junts, las derechas de PP y Vox se oponen a la reforma. Esta es la quinta vez que se intenta modificar la ley sin éxito, tras intentos fallidos en legislaturas anteriores debido a elecciones anticipadas o falta de consenso.
Sumar, por otro lado, ha recuperado del cajón un proyecto de ley de Unidas Podemos para modificar el Código Penal y reforzar la protección de la libertad de expresión, revisando delitos relacionados con la opinión y la difusión de ideas, y asegurando que no se criminalicen expresiones artísticas o críticas. El objeto principal de esta Ley es derogar y modificar aquellos artículos del Código Penal que chocan frontalmente con la libertad de expresión o que tienen un difícil encaje en un sistema democrático. Entre ellos están los delitos de injurias a la corona, ofensas o ultrajes a España y el delito de ofensa al sentimiento religioso, que ha vuelto a estar en el centro de la polémica durante los últimos días.
Podemos ha presentado una propuesta de ley para fortalecer la implementación de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, o “solo sí es sí”. La reforma propuesta aborda la supresión del atenuante de reparación del daño en casos de violencia de género y violencia sexual. Además, se propone modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normativas para especializar los operadores de justicia en violencias sexuales, atribuyendo competencias específicas a juzgados y fiscalías de violencia sobre la mujer.
El principal grupo de la oposición, el Partido Popular, ha presentado una iniciativa para endurecer las penas para los casos de multirreincidencia en delitos de hurto y estafa. Según los populares, aborda las “deficiencias” en el tratamiento de la multirreincidencia en delitos leves de hurto y estafa, solucionando los problemas identificados tras las sentencias del Tribunal Supremo de 2017 y 2019. La modificación adapta los artículos clave para reconocer los antecedentes penales en los tipos agravados, garantizar la proporcionalidad de las penas y añadir agravantes específicos, como el hurto de dispositivos con datos personales.
El Congreso está tramitando también dos proyectos de ley relacionados con la prórroga del “escudo social” del Gobierno. En primer lugar, las medidas que impiden los desahucios de viviendas habituales cuando afectan a personas en situación de vulnerabilidad, presentados a raíz de la presión ejercida por Podemos al Ejecutivo. Esta medida busca garantizar el derecho a la vivienda y evitar que familias en situación de vulnerabilidad enfrenten situaciones de desamparo. Se refuerza así el compromiso con la justicia social en un contexto de crisis económica y social que afecta especialmente a los sectores más desfavorecidos.
En el mismo sentido se ha dado luz verde a un proyecto de ley que prolonga medidas excepcionales para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Entre estas medidas se incluyen ayudas fiscales, apoyo energético y otras iniciativas dirigidas a mitigar el impacto sobre los sectores más afectados, reforzando la protección social y económica ante la incertidumbre internacional y sus repercusiones en España. Además, a finales de año se anunció un acuerdo del Gobierno con la formación morada para prorrogar los descuentos al transporte público, que también deberá ser refrendado por el Parlamento.
