Hace prácticamente nueve meses, las clarisas del convento burgalés de Belorado gritaban al mundo su decisión de separarse de la Iglesia católica. Lo que ellas mismas presentaron como un cisma por motivos ideológicos para volver al catolicismo preconciliar, con todo lo que implica, pronto se vio enredado por una operación inmobiliaria que incluía la compraventa de dos monasterios vinculados a las monjas en Derio y Orduña. Y todo, aderezado con una turné mediática de las hermanas y el «mentoring» espiritual de un obispo «fake» de añoranzas totalitarias con una biografía inventada y un cura igualmente falso cuya hazaña principal radicaba en haberse proclamado vencedor de un concurso de cócteles. Ambos aparecieron en escena como asesores de las consagradas y se esfumaron cuando la hoy ex abadesa los echó con lo puesto.
En paralelo, la Santa Sede movió ficha y designó al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, convirtiéndose así, de forma coloquial, en el «superior general» del convento, con plenos poderes, pero también con las correspondientes obligaciones. Además de llevar a cabo el proceso canónico para la excomunión, también se ha puesto manos a la obra para desahuciar a las inquilinas, en la medida que han dejado de ser monjas y católicas. Ellas, sin embargo, se saben propietarias cuando en ellas Roma, con papeles en mano, solo ve a unas ex administradoras de unos bienes eclesiásticos.
Esta autoridad temporal conlleva el control de las cuentas y de la actividad económica, como a cualquier propietario con «inquiokupas», pago de cada uno de los gastos que se generen en Belorado. Incluidos los 3.000 euros por la multa impuesta desde la Junta de Castilla y León por tener un criadero ilegal de perros en el recinto. Aunque este no es el mayor de los lastres de la hucha monacal. Con lo que ha podido rascar el equipo de Iceta ante la falta de colaboración de las ex clarisas, hasta la fecha las habitantes de Belorado generan un déficit de 15.000 euros al mes que abona la Federación de Aránzazu de las Religiosas Clarisas, que desde mayo ha aportado 120.000 euros para cubrir esos gastos. Por el camino quedan otros episodios, como la venta por parte de las religiosas excomulgadas de una casulla por Wallapop o el «crowdfunding» por vía PayPal que los llevó a recaudar 2.723 euros de los 20.000 que pedían.
Con estas coordenadas por delante, el serial dio un giro en verano con el fichaje de otro falso obispo, el sedevacantista brasileño Rodrigo Ribeiro da Silva, fundador de una entidad igualmente cismática, la Sociedad de San José, así como de un nuevo capellán, Sergio Héctor Casas Silva, argentino que ha ejercido como juez de boxeo y campeón nacional de mate, la bebida patria. A la par, aumentaban las deserciones en el claustro. Si a las pocas horas de provocarse el cisma en mayo, sor María Amparo, la portera del cenobio, ponía pies en polvorosa porque no quería «pertenecer a esta secta», entre agosto y octubre, otras dos mujeres rompían la clausura por diferencias con el grupo: la vicaria sor Paz y sor Adriana.
Un cisma sobre cisma que deja un enclave con trece mujeres. Ocho formarían parte del grupo rebelde, incluida la exabadesa. A ellas habría que sumar a las cinco monjas de avanzada edad que, por su estado de salud, no han podido salir del lugar, pero seguirían al margen del pronunciamiento cismático, de la excomunión y de la demanda civil de desahucio.
Entretanto, a mediados de octubre las monjas estrenaron director de comunicación, el periodista Francisco Canals. Desde entonces se han multiplicado las tramas intra conventuales. De hecho, su puesta de largo fue anunciar la interposición de una denuncia ante la Guardia Civil después de avistar un dron espía en el espacio abierto del convento. «Es un ejemplo más de la presión que ellas viven, se sienten atacadas y hostigadas», expuso entonces su jefe de prensa, que entró en lo que él mismo calificó de ser un «Gran Hermano» con la promesa de internacionalizar el caso Belorado. Y de alguna manera, lo ha logrado, aunque con un aliño algo más que histriónico en su relato, incluyendo una campaña de apadrinamiento de gallinas y la venta del chocolate «RqueR» como «símbolo de resistencia». En noviembre conseguían arrancar dos columnas en «The Times» para asegurar que «una abadesa vecina comenzó a difundir mentiras de que éramos lesbianas, prostitutas y que habíamos tenido abortos».
En diciembre dieron el salto a «The New York Times», exponiendo abiertamente que en el convento de Derio se enfrentaron «cara a cara con el demonio» y asegurando al diario norteamericano que escucharon «ruidos inexplicables», tales como «objetos que se arrastraban por el tejado, bebés que lloraban, risas lúgubres, pasos que iban y venían». Además, sostienen que los picaportes «giraban con una fuerza invisible» y las tijeras «se movían solas por las mesas». Según ha podido confirmar LA RAZÓN, en su momento el Obispado de Bilbao actuó «de oficio» para analizar qué sucedía en el edificio y se constató que no había fenómeno paranormal alguno. Aun así, desde Belorado tienen previsto relatar cámara en mano lo que sostienen haber vivido en el recinto «endiablado».
En estos días de Navidad, para no perder tirón mediático, Canals emitía una entrevista con la ex abadesa en la que asegura que «hemos sido castigadas por trabajar» y en estos días publicaba una conversación con sor Paloma a bordo de un carrito de golf, que dicen fue una donación de un particular para recoger los frutos del huerto. Lo que no han contado en ambas intervenciones es que recientemente han creado Obraetlabora S.L., una sociedad limitada con domicilio en Belorado que tendría como objetivo fabricar dulces, venta ambulante, alquilar inmuebles, cultivar frutos, explotar ganado y criar perros y gatos, aunque siguen careciendo de licencia para este fin.
