El Estado ecuatoriano debe investigar lo ocurrido con los cuatro niños víctimas de desaparición forzada tras su detención por parte de miembros de las fuerzas armadas en Guayaquil, enjuiciar a todos los responsables y tomar medidas para garantizar la no repetición de situaciones como ésta, puntualizó el representante de ONU Derechos Humanos en Sudamérica.
Jan Jarab afirmó que, al igual que la sociedad ecuatoriana, la Oficina de la ONU está conmocionada por los hechos, que constituyen una violación grave de los derechos humanos.
Los cuatro menores afrodescendientes de entre once y 14 años, desaparecieron el 8 de diciembre en Guayaquil después de jugar un partido de futbol, cuando una patrulla militar los detuvo acusándolos de robo, un cargo que luego fue desmentido por la Fiscalía, que no encontró pruebas que sustentaran el cargo.
El 24 de diciembre se encontraron cuatro cadáveres calcinados y con señales de tortura en un terreno cercano a una base militar aérea ubicada a unos 40 kilómetros de donde fueron detenidos los niños.
El 31 del mismo mes, las autoridades confirmaron que, tras las pruebas periciales forenses de ADN, se había comprobado que los cuerpos eran de los niños desaparecidos.
Minutos antes de que se anunciara la identificación de los cadáveres, un juez de Guayaquil ordenó prisión preventiva contra 16 militares de la Fuerza Aérea por su presunta participación en la desaparición de los niños.
Inicialmente, las autoridades habían negado la implicación de las fuerzas públicas, pero los videos de las cámaras de seguridad de la zona mostraron a los militares uniformados capturando a los niños y llevándoselos en una camioneta.
ONU Derechos Humanos condenó categóricamente los hechos y expresó su solidaridad a las familias.
Asimismo, recordó que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños y adolescentes conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.
La dependencia agregó que la información conocida hasta el momento indica que se trató de desapariciones forzadas, según la definición dispuesta por la Convención Internacional contra esa atrocidad.
Por lo tanto, la actuación de los responsables debe ser perseguida, investigada y sancionada con celeridad por las autoridades correspondientes, apuntó la Oficina, haciendo hincapié en que el delito de la desaparición forzada no se anula con el hallazgo de los cuerpos.
Jan Jarab declaró que la investigación de tan grave atropello debe ser independiente, sin presiones políticas y exhaustiva, abordando las eventuales responsabilidades del mando. “Al mismo tiempo, se debe evitar en todo momento la revictimización de las familias”, recalcó.
El titular de la Oficina regional también urgió a abordar otras denuncias de desaparición forzada surgidas en el contexto de la visibilidad mediática de este caso, y pidió adoptar todas las medidas necesarias para la no repetición.
Jarab subrayó que el fatal hecho “debe marcar un punto de inflexión en la forma de conducir la política de seguridad pública en el país”.
La Oficina de Derechos Humanos refrendó su compromiso de apoyar a las familias de las víctimas y a la sociedad ecuatoriana, y reiteró su disposición para brindar cooperación técnica al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas.
Del mismo modo, se comprometió a promover la justicia racial en el actuar de los agentes del orden y a impulsar la prevención mediante la capacitación en derechos humanos.
