El reemplazo de Jorge Torres Saravia en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso se ha concretado. Ángel Delgado, exregidor de la Municipalidad de Lima y militante del partido Avanza País, ha sido designado como nuevo jefe de esta oficina, en sustitución de Torres Saravia, quien está señalado como presunto líder de una red de prostitución dentro del Congreso.
El nuevo jefe de la Oficinal Legal y Constitucional del Congreso reveló que su nombramiento fue recomendado por Alejandra Aramayo, excongresista fujimorista del periodo 2016-2019 a Eduardo Salhuana, presidente del parlamento.
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“(...) Yo tengo una amiga que ocupa el cargo de directora de la Gerencia de Comunicaciones del Congreso, la Dra. Alejandra Aramayo. Tenemos una amistad desde hace tiempo, cuando ella era congresista y presidenta de la Comisión de Descentralización. Trabajamos juntos en varios proyectos, incluso en un libro y varias conferencias. (...) Fue idea de ella llamarme, y a través de su contacto con el Dr. Salhuana, se concretó mi nombramiento. Él me dio libertad para, basándome en mi experiencia y conocimiento, liderar la recuperación que esta oficina necesita”, explicó Delgado a un medio local.
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Aunque Aramayo se desvinculó del fujimorismo en 2019, Delgado mantiene lazos con sectores relacionados a Fuerza Popular. Este medio ha confirmado su afiliación a la Coordinadora Republicana, una organización ultraconservadora, y su respaldo a La Resistencia, un grupo de extrema derecha señalado por actos de hostigamiento contra figuras políticas. Delgado ha defendido públicamente a esta organización, calificando sus acciones como no violentas.
Ambas entidades han sido asociadas a Fuerza Popular debido a su respaldo a narrativas promovidas por este partido, como el discurso de un supuesto fraude electoral en los comicios generales de 2021 que enfrentaron a Pedro Castillo y Keiko Fujimori. En esa misma línea, Delgado respaldó a la lideresa de Fuerza Popular tras su derrota en la segunda vuelta electoral. En una columna publicada en El Montonero, aseguró que anular las elecciones no constituía un acto sedicioso:
"No estamos frente a un golpe de Estado, porque no implica la ruptura del orden constitucional. Recurrir al pueblo –fuente del poder legítimo– para pronunciarse de manera indubitable desterrará las sospechas sobre el sistema electoral (ONPE y JNE). Aunque se diga que es irregular, casi dos tercios de la población acusa indicios de fraude", escribió.
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Más recientemente, tras la muerte del exdictador Alberto Fujimori, Delgado defendió públicamente a Fuerza Popular, afirmando que el partido de Keiko Fujimori había dejado atrás las prácticas autoritarias:
"Creo que el partido de Keiko se ha instalado en la democracia. No puede ser catalogado igual que su padre. Ha abandonado el montesinismo, pero no ha llegado al poder debido al peso del legado, que tiene aspectos positivos y negativos, siendo este último la razón del antifujimorismo en el país", declaró.
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Delgado también ha coescrito el libro "Derecho Municipal, Descentralización y Gobernabilidad" junto a Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional y también vinculado al fujimorismo por sus declaraciones. Este texto fue presentado durante el mandato de Aramayo como presidenta de la Comisión de Descentralización, tiempo en el cual militó dentro de Fuerza Popular.
El politólogo Jhimer Monzón, director de la Asociación de Estudios en Ciencias Sociales Leviatán, afirmó en exclusiva para La República que la designación de Delgado, mediante la recomendación de una exmilitante fujimorista, evidencia un uso estratégico de los procesos de contratación en el Congreso para consolidar intereses políticos.
"En la estructura estatal existen puestos que sirven como anclas de influencia política, como los técnicos. Su conocimiento especializado puede ser instrumentalizado por los partidos para favorecer sus objetivos. Por ello, la ciudadanía debe observar cuidadosamente estas designaciones, especialmente en niveles como el Congreso y el gobierno nacional", comentó Monzón.
El politólogo añadió que estas prácticas son comunes en la política peruana y destacó el rol del fujimorismo en su perpetuación: "Desde los años noventa, con el régimen autoritario de Alberto Fujimori, el posicionamiento de técnicos en puestos estratégicos se convirtió en una norma. Un ejemplo de ello fue el caso de corrupción relacionado con la compra fraudulenta de aviones MIG-29 y Sukhoi-25, donde varios técnicos de alto nivel fueron sentenciados", concluyó.
