En un punto de prensa realizado en Punta Arenas, el jefe de gobierno chileno destacó que la Constitución prohíbe a las autoridades públicas hacer negocios con el Estado, por lo que, si no se resuelve la incompatibilidad constitucional no hará efectiva la compra para transformar el inmueble en patrimonio.
Tras regresar del Polo Sur, señaló que “por darse, justamente, una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad de esa vivienda en particular, se decidió detener la compra, hasta que ese problema sea eventualmente solucionado, y si eso no está solucionado, no se puede hacer la compra, porque en Chile las instituciones funcionan”.
El mandatario enfatizó con firmeza que en esta situación no hay intención alguna de realizar negocios ni de obtener beneficios personales a costa del Estado, asegurando que algo así nunca sería permitido.
“No tengo ninguna duda de la integridad absoluta de la familia Allende. Por lo tanto, cuestionamientos de ese tipo me parece que escapan totalmente a la voluntad de resguardar el patrimonio”, agregó sobre las acusaciones de un “negociado”.
“Y acá, como hemos dicho, las instituciones están funcionando, porque producto de lo verificado en el proceso, se ha decidido detenerlo hasta que esto sea solucionado”, concluyó.
Por su parte, la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende, dijo aclaró que la casa de calle Guardia Vieja es propiedad de una sucesión familiar y no solo de ella.
En efecto, además de la mandataria y de la senadora Isabel Allende, también son copropietarios Carmen Paz Allende Bussi y Alejandro Salvador Fernández Allende.
