La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), a través del Grupo de Trabajo sobre Impacto de los Hidrocarburos, exige a la empresa Petroperú transparencia y acciones concretas frente al derrame de petróleo ocasionado el pasado 21 de diciembre de 2024 en el mar de Lobitos, Piura. "Basta de impunidad, pesca sí, petróleo no", señalaron.
El reciente derrame de crudo sucedió previo al verano 2025, fecha de alta temporada turística, que se ha visto gravemente afectada, pues se suman los oleajes anómalos registrados que han destruido determinadas zonas. Esto se agrava luego de que la CNDDHH precise que Piura es la segunda región con mayor número de emergencia por derrames petrolero, según el informe La Sombra de los Hidrocarburos (2023).
La Coordinadora señala que Petroperú ha minimizado el derrame de petróleo ocurrido durante las maniobras previas al embarque del buque Polyaigos, en el terminal submarino de la Refinería de Talara. Este ha afectado a las playas Las Capullanas, Punta Malacas, Yapato, El Alto, Peña Negra y Retín de Cabo Blanco. Ante ello, exige a la petrolera:
En tanto, el pedido de la CNDDH alcanza también al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio del Ambiente (Minam), pues se exige el avance en las labores de limpieza y de primera respuesta, así como asignación de un presupuesto tras la declaratoria de emergencia, pues solo esta "únicamente permitiría que algunas entidades públicas empleen parte de sus presupuestos anuales para estas acciones, generando mayor incertidumbre".
Ante ello, señalan: "Demandamos al Ejecutivo que publique la declaratoria de emergencia por desastres del litoral de Talara, en la región Piura, la cual debe ser emitida por la Presidencia de Consejo de Ministros, con el financiamiento inmediato para su atención, remediación integral y restauración".
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A semanas del derrame de petróleo ocurrido en las playas de Lobitos, Talara, en la región Piura, pescadores artesanales y residentes locales sostuvieron un encuentro con representantes de Petroperú con el propósito de alcanzar acuerdos que mitiguen los efectos de la crisis. Durante la reunión, los afectados solicitaron una indemnización de 60.000 soles por persona, argumentando la imposibilidad de trabajar debido a la contaminación generada.
El alcalde de Lobitos, Ricardo Bancayán, confirmó a La República que en la primera negociación se plantearon diversas demandas, entre ellas, la entrega de canastas de víveres para las familias afectadas, una indemnización de S/60.000 para cada persona empadronada por la municipalidad, incluyendo pescadores, artesanos y hoteleros, y la creación de 300 empleos temporales durante cuatro meses para los damnificados.
Bancayán precisó que este proceso será prolongado: “La indemnización va a demorar; recién hemos tenido una primera negociación y aún quedan una segunda y tercera ronda de diálogo. Los pescadores y la población de Lobitos no han podido trabajar durante siete días debido al derrame de petróleo. Exigimos que Petroperú cumpla con su compromiso social para reparar el daño causado al ecosistema marino y a las familias que dependen de la pesca y el turismo”.
El impacto ambiental y social del derrame ha sido severo, afectando a unas 1.500 personas, según el alcalde. Además, subrayó que la comunidad estaba preparada para recibir turistas, pero sus planes se vieron frustrados.
