El Gobierno y el PSOE se han conjurado para borrar la dañina huella de la corrupción en este año y para ello ha recurrido a la celebración del aniversario de la muerte de Francisco Franco para evitar perder apoyo electoral. Los planes de Pedro Sánchez pasan por resistir y no apretar el botón electoral. «La legislatura durará hasta 2027», dijo el presidente en su balance de fin de año, algo que ni los socios se atreven a confirmar a día de hoy.
Todo mientras que siguen apareciendo informaciones sobre los casos que cercan al Gobierno; el caso Koldo, el que afecta a la esposa del presidente del Gobierno o a su propio hermano y mientras que se estrecha el cerco sobre el fiscal general del Estado. El argumentario oficial pasa por tratar de desacreditar las declaraciones con las que el empresario Víctor de Aldama implica al partido. También, los ministros y portavoces socialistas se esfuerzan en acusar al PP, a los medios y a los jueces de acoso ultra contra los socialistas.
Es esto lo que hace que comience a reinar el pesimismo dentro del PSOE, donde si bien se ha optado por un cerrojazo total para no ahondar la crisis de credibilidad que atraviesa el partido y el Gobierno, ya empiezan a reconocer en privado varios dirigentes que estos casos de corrupción acabarán «perjudicando» a las siglas del partido. Hay una convicción, lejos del núcleo más fiel a Ferraz de que la «legislatura no da más de si» y de que los casos de corrupción no se cerrarán en el corto plazo, sino que trascenderán a esta legislatura.
Pero más allá de las implicaciones que los casos de corrupción pueden tener al partido en unas futuras elecciones generales, hay ya un temor instalado entre los dirigentes autonómicos de que si sigue adelante la legislatura sin devolver a la ciudadanía la palabra antes, la desafección ciudadana que genera la corrupción les puede castigar a ellos primero en el ciclo electoral autonómico de 2026. Esto ya ocurrió en las autonómicas de 2023 cuando el PSOE perdió su poder territorial al ceder ante el PP en seis comunidades y al entregar 15 capitales de provincia de las 22 en las que gobernaba. Entonces, los pactos con independentistas ya empezaron a lastrar al Gobierno. Una derrota histórica para la izquierda en su conjunto –Unidas Podemos perdió un millón de votos– pero especial fue el batacazo para el PSOE. No es baladí que a finales de año, el histórico Javier Lambán, todavía secretario general del PSOE en Aragón, recomendara a Pedro Sánchez adelantar elecciones al comprobar que sus socios no le garantizaban estabilidad y ante el cerco por corrupción.
En algunos territorios se teme incluso la estrategia que pueda seguir el PP de adelantar elecciones en los territorios donde depende de Vox para que se aprueben los presupuestos. Así, la incógnita se extiende en comunidades como Castilla y León, donde queda pendiente la renovación territorial o en Aragón, donde el PSOE busca situar a la ministra Pilar Alegría para lanzarla a los próximos comicios. Un adelanto en estas comunidades sorprendería a los socialistas sin haber podido engrasar la maquinaria electoral.
Tampoco hay garantía de que el Gobierno pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado en un momento de máxima debilidad parlamentaria, a pesar de que, como ya ha publicado este diario, la intención del Ejecutivo es la de encarrilar las cuentas públicas este mes de enero. Todo ello después de que se hayan prorrogado dos veces los de 2023 y renunciado a los de 2024. El Gobierno pone el foco ahora en convencer a Podemos, que, a diferencia de Puigdemont no tiene nada que perder y sí mucho que ganar si bloquea al Gobierno para recuperar fuerza electoral.
