El próximo gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, está evaluando cambios drásticos en las políticas migratorias, incluido un ajuste a las protecciones en las llamadas "zonas sensibles". Estas áreas, que incluyen escuelas, hospitales y lugares de culto, han sido refugios para los inmigrantes, brindándoles seguridad frente a detenciones por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Según fuentes cercanas al equipo de transición, el plan busca flexibilizar la actuación de ICE, eliminando restricciones que actualmente limitan las operaciones en estos espacios. Aunque aún no es oficial, esta propuesta ya genera preocupación entre defensores de derechos civiles y comunidades inmigrantes que temen un impacto negativo en su acceso a servicios esenciales.
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Las zonas sensibles son lugares definidos por políticas migratorias como áreas donde las autoridades de inmigración limitan su actuación. Este concepto fue implementado oficialmente en 2011 durante la administración de Barack Obama y ampliado por el gobierno de Joe Biden para incluir espacios adicionales como refugios para personas sin hogar, centros de violencia doméstica y parques infantiles.
En estos lugares, ICE tiene prohibido realizar detenciones, arrestos o acciones de vigilancia, excepto en circunstancias extraordinarias que impliquen seguridad nacional, terrorismo o riesgos inminentes de violencia. Esta normativa ha permitido que los inmigrantes, incluidos los indocumentados, realicen actividades básicas como llevar a sus hijos a la escuela, acudir a chequeos médicos o asistir a servicios religiosos sin temor a ser detenidos.
Estas medidas no solo protegen a los individuos, sino que también buscan fortalecer la seguridad comunitaria, fomentando la confianza entre las autoridades locales y las comunidades inmigrantes.
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El equipo de Donald Trump ha señalado su intención de revisar las políticas vigentes desde el primer día de su mandato. Según reportes, la eliminación de las restricciones en zonas sensibles sería una prioridad para acelerar los procesos de deportación y otorgar mayor flexibilidad operativa a ICE.
Esta propuesta permitiría a los agentes de inmigración actuar sin las limitaciones actuales, incluso en espacios como escuelas, hospitales o iglesias. Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, esto podría tener consecuencias graves, como el miedo de los indocumentados a buscar atención médica, reportar crímenes o testificar en juicios, lo que afectaría tanto la salud pública como la seguridad comunitaria.
"Si las personas temen ser arrestadas en lugares esenciales, esto no solo impactará a los inmigrantes, sino también a toda la sociedad", advirtió un portavoz de una organización de derechos civiles.
La política de zonas sensibles fue establecida formalmente en 2011 bajo la administración de Barack Obama, como parte de un esfuerzo por humanizar las acciones de control migratorio. Inicialmente, estas áreas se limitaban a escuelas, hospitales y lugares de culto.
En 2021, la administración de Joe Biden amplió estas protecciones, agregando lugares como refugios para personas sin hogar, centros de atención a víctimas de violencia doméstica y parques infantiles. Esta ampliación buscaba proteger aún más a las comunidades vulnerables y garantizar que pudieran acceder a servicios esenciales sin temor a la deportación.
Durante más de una década, estas zonas han sido consideradas un elemento clave para equilibrar las políticas de control migratorio con los principios de derechos humanos. Su posible eliminación bajo el plan de Trump plantea preguntas cruciales sobre el futuro de la política migratoria en Estados Unidos.
