La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, debió hacer un punto de prensa para aclarar lo sucedido con el proceso de adquisición de una propiedad que perteneció al expresidente Salvador Allende y en cupa propiedad actual participa la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del derrocado mandatario.
La adquisición se incluía en un proyecto de corte patrimonial y de memoria que consideraba también la compra de la casa del expresidente Patricio Aylwin, cuyo destino sería, en ambos casos, la creación de museos patrimoniales.
La del exmandatario democristiano se mantiene en curso y para ello hay un presupuesto de $1.300 millones, pero la del socialista quedó inconcluso y ya no se concretará, mientras uno de los destinatarios de los más de $900 millones que cuesta adquirirla por parte del estado sea la ministra Maya Fernández, pues hay una incompatibilidad legal.
Así lo comunicó el Ministerio de Bienes Nacionales en un comunicado de prensa, y lo refrendó más tarde en persona la jefa de cartera.
“Estamos recién en una etapa muy inicial que es el decreto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República con el que se inicia la autorización de la adquisición de la residencia. Esto no significa en ningún caso finalizar un trámite, como muchos de ustedes leyeron ahí por ahí en redes sociales”, destacó la ministra Sandoval.
“Es importante hacer esta pedagogía, porque los trámites de adquisición de cualquier inmueble para el catastro del Fisco requieren de varias etapas y se inician con un decreto que toma razón en la Contraloría pero también hay varias etapas intermedias y culmina con un decreto que es aprobatorio”, agregó la secretaria de Estado.
“Eso hoy día no está sobre la mesa y con el único proyecto que vamos a continuar es con la ex residencia del mandatario (Patricio) Aylwin”, subrayó, junto con destacar que “lo más importante es poner en valor la memoria de los expresidentes”.
La ministra destacó además que este tipo de proyectos no son excepcionales y en ese sentido recordó que su cartera ha adquirido “viviendas no solo vinculadas al patrimonio histórico, sino también a derechos humanos y la cultura”.
