Los investigadores surcoreanos intentaron arrestar el viernes al presidente suspendido Yoon Suk Yeol debido a la imposición de una ley marcial en diciembre, pero su servicio de seguridad lo impidió.
El fallido intento de ejecutar la orden de arresto contra Yoon Suk Yeol, que expira el lunes, agrega más confusión a la crisis que puede evolucionar en varios sentidos.
La Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) puede intentar ejecutar la orden de arresto contra Yoon de nuevo antes de que expire el 6 de enero.
"Las acciones futuras se decidirán tras un análisis más profundo", dijo este organismo tras suspender su intento inicial.
Si Yoon fuera arrestado en este plazo, la OIC dispondrá de 48 horas para solicitar una nueva orden para su arresto formal o bien deberá liberarlo.
Los abogados de Yoon reiteran que la orden emitida por la justicia a pedido de la OIC es "ilegítima e ilegal" y prometen tomar acciones legales contra ella.
El servicio de seguridad presidencial argumentó que la comitiva de investigación "entró ilegalmente" a la residencia de Yoon y aseguró que "les harán rendir cuentas legales" por sus acciones.
Dos altos mandos de este servicio rechazaron también la petición de la policía para ser interrogados este sábado, alegando la "importancia" de proteger al presidente, afirmó un comunicado enviado a la AFP.
Si expira el plazo del 6 de enero, la oficina anticorrupción puede volver a solicitar la misma orden de detención.
La oficina anticorrupción puede optar por una orden de arresto más severa que permitiría retenerlo durante más de las 48 horas permitidas por la orden emitida esta semana.
Los expertos consideran que es probable que un tribunal apruebe este tipo de petición dado que Yoon ha desatendido tres citaciones de interrogatorio y se ha resistido ante la orden de captura actual.
Además, Yoon también "ha incitado y alentado a sus seguidores extremos", apunta el comentarista político Park Sang-byung a la AFP.
Pero, nuevamente, la ejecución de esta orden es problemática si Yoon se niega a salir de su residencia y sigue contando con la asistencia de la seguridad presidencial, que cuenta con una unidad militar.
Tras la confrontación en la residencia presidencial del viernes, la OIC y el Partido Democrático en la oposición reclamaron al presidente interino Choi Sang-mok que ordene cooperar a los servicios de seguridad.
"Es prácticamente imposible ejecutar la orden de arresto mientras los oficiales de seguridad del Servicio de Seguridad de la Presidencia continúen su protección", afirmó la oficina de investigación en un comunicado.
Choi, miembro del partido de Yoon que también ejerce de viceprimer ministro y ministro de Finanzas, no ha respondido a estas solicitudes.
Los expertos sugieren que una llamada al orden de Choi a los servicios de seguridad aumentaría las probabilidades de un arresto de Yoon antes del 6 de enero.
Pero el presidente interino ya ha recibido críticas de su partido por el nombramiento de dos nuevos magistrados para tres de las plazas vacantes en el Tribunal Constitucional, que debe ratificar o rechazar la destitución de Yoon aprobada en el Parlamento.
Estas designaciones aumentan las posibilidades de destitución del presidente dado que la decisión requiere el respaldo de al menos seis de los ocho magistrados de la corte.
Dada esta situación, "es poco probable que Choi coopere con la solicitud de la OIC", dijo a la AFP Shin Yul, docente de ciencias políticas en la Universidad Myongji.
El Tribunal Constitucional dispone de hasta 180 días para determinar si destituye a Yoon o lo restituye en sus funciones.
Hasta entonces, aunque suspendido, Yoon ostenta oficialmente el título de presidente.
Los analistas consideran que la investigación o el posible arresto de Yoon sería mucho más fácil si ya no cuenta con el título de presidente.
Pero el margen de 180 días hasta la decisión judicial puede retrasar considerablemente los procedimientos.
La corte aseguró que acelerará el juicio debida la gravedad del asunto.
Los abogados de Yoon replicaron el viernes que el tribunal deben usar los 180 días para llevar a cabo las audiencias, especialmente para examinar "las circunstancias que condujeron a la declaración de la ley marcial".
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