La okupación es un problema en España que día a día preocupa a muchos propietarios por el temor de que usurpen sus viviendas. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España una vivienda tarda en desalojarse de media 23,2 meses, una cifra que varía según la comunidad . Los okupas recurren a todo tipo de técnicas para poder permanecer en la vivienda sin ser expulsados. Por ejemplo, una táctica habitual es la de empadronarse. Por su parte, los propietarios buscan el modo y recurren a abogados para poder recuperar sus viviendas. Sin embargo, hay casos de okupación que presentan un dilema ya que no se trata solo de que una persona permanezca en una vivienda. Se trata de casos en los que el okupa asegura que tiene a su cargo a una persona dependiente y sin alternativa habitacional. En la primavera de 2023 se aprobó una nueva ley de vivienda que regulaba los desahucios en caso de situaciones de vulnerabilidad. La ley de vivienda establece unos parámetros para que se proteja a las personas con vulnerabilidad económica, menores, personas dependientes o con discapacidad . Se prevé que este tipo de personas puedan ver suspendido el procedimiento de manera temporal, pero ello no implica la paralización total del procedimiento. Para que este proceso de lanzamiento sea efectivo es necesario que quede acreditada la condición de discapacidad o dependencia de esa persona para que sea tenida en cuenta. El 24 de diciembre se publicó además el decreto-ley por el que se prorrogan medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. En ella se incluye la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Como subraya el bufete CuatreCasas en su blog, entre los beneficiados por estas medidas se encuentran «quienes habiten sin título una vivienda que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas ». Asimismo, la disposición adicional séptima de la Ley de Vivienda se establece que «los procedimientos penales que se sigan por delito de usurpación del apartado 2 del artículo 245 del Código Penal, en caso de sustanciarse con carácter cautelar la medida de desalojo y restitución del inmueble objeto del delito a su legítimo poseedor y siempre que entre quienes ocupen la vivienda se encuentren personas dependientes de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, víctimas de violencia sobre la mujer o personas menores de edad, se dará traslado a las Administraciones Autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, con el fin de que puedan adoptar las medidas de protección que correspondan ».
