El gobierno de Chile, que pretendía comprar la casa del expresidente socialista Salvador Allende para transformarla en un museo, desistió este viernes de su adquisición tras críticas de la oposición de derecha, que cuestionó que la vivienda perteneciera a una ministra de Estado.
"Debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario", anunció en un comunicado el ministerio de Bienes Nacionales.
La casa, que pertenece a Maya Fernández, ministra de Defensa y nieta de Allende (1970-1973) y su hermano, tendría un costo de unos 900.000 dólares, según dijo el gobierno al medio Fast Check.
El 31 de diciembre pasado, el gobierno había anunciado la compra de la casa de Allende y una del expresidente Patricio Aylwin (1990-1994) para convertirlas en casas-museo.
"La vida y obra de los presidentes democráticos son parte del patrimonio del país y es rol del Estado conservar y difundir su legado", dijo el gobierno chileno ese día.
Sin embargo, tras darse a conocer en la prensa que el inmueble pertenecía también a la ministra Fernández, la oposición de derecha cuestionó la compra del inmueble.
"Vamos a recurrir a la Contraloría para que se puedan pronunciar respecto a este opaco negocio que involucra a una ministra de Estado y (...) para que puedan paralizar de inmediato el proceso de compraventa mientras se pronuncian sobre su legalidad", aseguró el diputado opositor Gustavo Benavente al medio El Mercurio.
Horas antes de que el gobierno desistiera de la compra, la vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, había dicho que al ser un negocio con personas "que ocupan cargos públicos se están haciendo todos los análisis legales para asegurarnos que esto se haga de la forma correcta".
Allende gobernó Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando los militares dieron un golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990).
La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile estima que la cifra total de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en la dictadura supera las 40.000 personas, entre torturados, desaparecidos y asesinados.
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