Cuando el relleno sanitario El Huazo comenzó a operar, en 2007, recibía los residuos sólidos de cuatro municipalidades. Poco después subió a 10, pero pasados 17 años son 35 los gobiernos locales que disponen sus desechos en esas instalaciones.
El aumento no solo implica una recarga para el Parque de Tecnología Ambiental (PTA) Aczarri, como se llama oficialmente, sino que también los vecinos de San Miguel de Desamparados viven las consecuencias, pues implica el paso de más vagonetas con desechos, solo por citar un hecho.
Según cuentan, la situación empeoró en los últimos meses, con el cierre del relleno sanitario Los Pinos, en Cartago, pues obligó a los municipios de Paraíso, Jiménez, Cervantes y El Guarco a enviar sus residuos a El Huazo, lo que representó el ingreso de 35.000 toneladas más de desechos durante 2024. El cierre del PTA Uruka, en La Carpio, previsto para el primer trimestre de 2025, añadirá 600 toneladas al año, lo que resultaría en 3.000 toneladas al día.
“El cierre de Los Pinos y la situación con La Carpio nos tienen al borde. Los furgones, camiones, vagonetas nos tienen enfermos. Es un claro atropello a los derechos humanos, y un daño al ambiente que no se visualiza tal cual es”, señaló Katya Chacón Rosania, dirigente comunal que vive en San Miguel de Desamparados, a 1,2 km de El Huazo desde 1983.
“Nosotros vivíamos por el Calderón Guardia y era mucho el ruido de las ambulancias. Nos pasamos buscando paz y la paz nos duró muy pocos años”, lamentó.
Marcos Padilla Hernández, quien vive en Los Llanos de San Miguel, a un kilómetro “en línea recta” del relleno, afirmó que el problema es grave desde hace años sin que se visualicen soluciones a corto plazo.
La razón es que el país no cuenta con otros terrenos en la Gran Área Metropolitana (GAM) que puedan destinarse a la disposición final de residuos, pues el proyecto Bajo Pita, en Turrúcares de Alajuela, no es posible por impedimentos en el plan regulador del cantón Central de Alajuela.
“Cuando todo comenzó, nos dijeron que iban a ser 10 camiones por hora, ahora podríamos decir que son camiones, uno por minuto, durante todo el día, noche y madrugada”, dijo a La Nación.
Chacón también fue enfática en el cambio de condiciones: “Es como que su vecino le pida permiso para pasar a pie por su propiedad y, de un momento a otro, rompe la tapia, mete carros y camiones. (...) Es un problema de años, pero ha empeorado”, reiteró.
Los residentes de San Miguel de Desamparados señalan tres problemas específicos: ruidos, malos olores y congestión vial.
Padilla describió que el problema del PTA tiene dos vertientes, por un lado, lo que sucede “puertas adentro”, con el manejo de los residuos. Por otro, lo que sucede “puertas afuera”, con la afectación a los vecinos.
“Hay gente que ha tenido que vender sus propiedades porque su salud no podía más. La gente que vive más cerca ni siquiera tiene tiempo de descansar para trabajar al día siguiente”, aseveró.
Él sostiene que los ruidos pueden escucharse a distancia: las pitoretas, los motores encendidos a la espera del ingreso al relleno, el sonido del movimiento vehicular a toda hora, es la dinámica diaria.
“Si yo que vivo a un kilómetro escucho la pitoreta de las vagonetas a las 11:30 p. m. y me llegan los olores, ahora imagínese la gente que vive en las cercanías. Si hay días en los que el ruido se oye las 24 horas, ¿a qué hora va a descansar la gente que vive más cerca?”, cuestionó.
Los vecinos se quejan de que los malos olores no solo proceden del relleno, sino también de los camiones que se dirigen ahí. Algunos vehículos vienen de lugares distantes, como la zona sur.
Además, una cantidad cada vez mayor de camiones complica la situación vial no solo en las cercanías del relleno, sino en todo San Miguel de Desamparados.
“Es una carretera que se hizo para carretas y nunca se amplió más, entonces es a dos carriles. El caos es en la ruta de San Miguel, la de Aserrí nunca se ha afectado”, afirmó Padilla.
Para el lugareño, se trata de un asunto que no solo compete al Ministerio de Salud, sino a más entidades que aseguren el manejo de los residuos, además del estado de los camiones recolectores y de las vías por donde estos transitan.
“Antes de entrar al relleno hay una pendiente bien pronunciada. Esos camiones bajando esa cuesta, con esa carga, el freno de motor podría no ser suficiente”, manifestó.
En su criterio, también deberían participar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), para verificar la calidad del agua, y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), para fiscalizar la calidad del aire.
Padilla también pidió que la empresa EBI, que administra el PTA, haga valer la posibilidad de enviar los residuos a otros espacios, como el de Limón (también de su propiedad).
“Los contratos que tienen las municipalidades con EBI dicen que si por fuerza mayor el relleno no recibe, puede llevarlo a otros de la empresa. Y además dice que si los rellenos de ellos no dan abasto pueden usar los de la competencia. No es cierto que si se cierra La Carpio solo podrían usar El Huazo”, subrayó.
Desde finales de noviembre, La Nación solicitó conversar con un vocero del Ministerio de Salud. Inicialmente, se fijó la entrevista para el 4 de diciembre a las 4 p. m. y sería atendida por la ministra Mary Munive Angermüller. Minutos antes de la hora pactada se trasladó para las 5 p. m. y pocos minutos después fue cancelada con promesa de reprogramación.
Al no recibir nueva fecha y hora se enviaron tres correos para recordar la entrevista, ya fuera con Munive u otro vocero. El 18 de diciembre, Salud indicó que por el cierre de año debería reprogramarse para el 2025. Se solicitaron datos sobre la situación nacional de los desechos y planes a corto plazo, pero no se recibieron.
“El futuro lo veo incierto, porque con base en nuestra experiencia y lo que hemos sufrido nosotros nadie va a querer un relleno sanitario. (...) Seguramente seguiremos viendo la basura llegar aquí día y noche, como centro de transferencia, y que de aquí vaya a otro lugar. Veo todo incierto”, concluyó Padilla.
