El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció acerca de la demora en la promulgación de la ley que restituye la detención preliminar y mencionó que desde el Ejecutivo continúan analizándola; sin embargo, enfatizó en su preocupación es el personal policial, pues no quieren que esa norma sea aplicada a los efectivos de la PNP. Cabe recordar que cuando el Congreso de la República eliminó la detención preliminar, la presidenta Dina Boluarte, rápidamente promulgó la norma.
"El Ministerio Público no ve impedido su trabajo, porque si el MP quisiera detener a una persona, en lugar de armar un pedido o alguna carpeta de detención preliminar, armaría una carpeta de prisión preventiva y lo lleva a un juzgado (...) nos encontramos dentro del plazo para analizar la norma, estamos evaluándola, porque consideramos que debe darle protección al policía, estamos en un análisis legal, nuestra preocupación es el personal policial, pedimos que no se les aplique la ley", sentenció.
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La norma se encuentra en el despacho de la jefa de Estado desde el pasado 16 de diciembre y mientras que el Ministerio Público advierte que la no promulgación de esta ley favorece a los grupos criminales y delincuentes como 'Las Hienas Verdes', grupo delictivo que fue liberado cuando eliminaron la detención preliminar, los ministros justifican la demora amparándose en los plazos.
Otro de los favorecidos el a demora de la promulgación de la autógrafa, es el actual vocero presidencial, Fredy Hinojosa, quien se encuentra investigado por el caso de corrupción en el programa del Ministerio de Desarrollo, Qaliwarma, cuando Dina Boluarte era titular de esta cartera. Hinojosa sería presuntamente culpable de los delitos de colusión y cohecho, por eso se pidió su detención por 10 días, pero la solicitud fue rechazada por el cambio que realizó el Legislativo.
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En una entrevista exclusiva con La República, Alejandro Mejía, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sugiere que la tardanza de la presidenta Dina Boluarte en promulgar la norma podría estar relacionada con la protección de su hermano, Nicanor Boluarte.
Este último se encuentra prófugo de la justicia y enfrenta una orden de prisión preventiva por 36 meses, acusado de liderar la organización criminal "Los Waykis en la Sombra". Dicha organización habría colocado a personas estratégicas en diversas regiones del país para facilitar la inscripción de su partido político.
"Evidentemente, la reticencia de la Presidenta de promulgar la ley se debe a que hermano Nicanor, allegados a su gobierno y socios políticos de la coalición de partidos que la blindan en el Parlamento, se verían afectados por los casos de corrupción y otros delitos por los cuales vienen siendo investigados y frente al no haber una detención preliminar, existe el peligro latente de declararse prófugos de la justicia. El caso más evidente son de 'Los Waikys', todos ellos prófugos hasta el día de hoy. Por otro lado, los argumentos del Ministro de Justicia no son claros y trata de desviar la atención del tema, obstaculizando su pronta promulgación, en claro respaldo a la Presidenta. No es más que una muestra que este gobierno, no tiene como prioridad combatir la delincuencia a todo nivel", señaló Mejía.
