En tres ocasiones, la investigada Sada Goray Chong solicitó acogerse a la colaboración eficaz ofreciendo como información el caso de supuesto soborno de un grupo de empresarios a un congresista del grupo conocido como “Los Niños”, con el supuesto objetivo de lograr la aprobación de la llamada “Ley del Atún”.
Al no conseguir validar el testimonio de Sada Goray, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) desestimó el requerimiento de la empresaria, quien hace unos días volvió a presentarse en un dominical para repetir declaraciones anteriores sobre los que, como ella misma lo dijo, no cuenta con pruebas.
Sin embargo, el fiscal Jorge García Juárez, quien perteneció al Eficcop, ha oficiado a la Policía Nacional para coordinar acciones previas con el propósito de “poder ejecutar una medida limitativa de derechos de carácter personal” contra empresarios presuntamente favorecidos por la “Ley del Atún”.
Según documentos a los que ha tenido acceso La República, mediante la Disposición N°3, el fiscal García ha requerido a la policía “acciones de seguimiento y vigilancia” contra los presuntos implicados en el caso cuyo principal testigo es Sada Goray.
Entre los empresarios a los que involucra el fiscal Jorge García se encuentra Juan Ricardo Torres Cubas, exsocio y examigo de Sada Goray. Como publicó La República, encontrándose detenida Sada Goray en la Prefectura de Lima, el 22 de julio llamó por teléfono a Juan Ricardo Torres, por intermedio de su abogado Rolando Leiva, y lo presionó para que cambiara el testimonio que había ofrecido al Eficcop. Torres denunció el caso y pidió garantías para su vida.
Torres hizo la denuncia ante las autoridades de la siguiente forma: “Es así que Rolando Leiva hizo una llamada y me puso al teléfono a Sada Goray, quien se encontraba en ese momento detenida, y de quien reconocí su voz. Ella me dijo: ‘Hola, Juan Ricardo, tú sabes que yo soy tu amiga. Lo que menos quiero es hacerte daño, por lo tanto, te pido que vengas a conversar conmigo a la Prefectura, yo te espero’. A lo que le respondí: ‘¿Para qué voy a ir?’. (Contestando Sada Goray) que: ‘Aquí ya saben todo el tema del atún, por tanto, tienes que venir para demostrar que siempre hemos sido extorsionados’. y luego colgó el teléfono”.
Pocos días antes de la desaparición del Eficcop, al que había pertenecido el fiscal Jorge García, este revivió el caso de la “Ley de Atún” basado en declaraciones no comprobadas de Sada Goray y ha pedido a la Policía: “acciones de video vigilancia en el marco de las investigaciones declaradas secretas (...), para los efectos de proceder con la ubicación de los domicilios de los investigados (...) y continuar con mayores actos de investigación”.
En los documentos, el fiscal García, siguiendo el llamado “método Eficcop”, argumenta que se requiere “corroborar el domicilio de cada uno de los investigados en la presente causa, para lo cual se deberán utilizar medios técnicos especiales determinados con finalidades de observación”.
La unidad a la que el fiscal Jorge García encargó la tarea fue a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), que ha solicitado a la autoridad las resoluciones judiciales correspondientes a fin de dar cumplimiento con la disposición.
Sin embargo, cuando la defensa de los presuntos investigados preguntaron al Ministerio Público sobre el caso en curso relacionado con declaraciones de Sada Goray, estos recibieron como respuesta que no existía información al respecto.
Lo mismo sucedió cuando hicieron la búsqueda en el sistema del Poder Judicial. Tampoco hallaron la existencia de una resolución autorizando acciones de vigilancia por el denominado caso de la “Ley del Atún”.
