La nueva normativa fiscal en Argentina: ¿control necesario o invasión de privacidad?
La reciente decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina de modificar los montos a partir de los cuales los bancos y las billeteras virtuales deben informar sobre las transacciones de sus clientes ha generado un debate interesante en el contexto político y social argentino.
Con un enfoque en operaciones que superan los ARS$600.000 (pesos argentinos), unos 580 dólares, estas medidas parecen apuntar principalmente a pequeñas transacciones.
Se presentan como un esfuerzo por mejorar el control tributario, pero también suscitan cuestionamientos sobre la naturaleza libertaria del gobierno encabezado por Javier Milei. El mandatario ultraderechista ha abogado por la libertad del individuo, la reducción del Estado a funciones casi imperceptibles, y la eliminación de toda vigilancia y control, incluyendo los bancarios.
Desde este mes, las entidades financieras tendrán la obligación de informar más detalles sobre las transacciones de sus usuarios. Aunque el ajuste se basa en la actualización semestral automática en función de la inflación, lo que podría parecer prudente, la cuestión es si estas nuevas regulaciones realmente alinean con una administración que se proclama a favor de la libertad económica.
A partir de enero de 2025, se establecerán nuevos límites de alerta para el organismo fiscal. Las operaciones que superen los ARS$600.000 en consumos totales con tarjetas de débito, o ingresos y egresos en billeteras virtuales, serán reportadas obligatoriamente. Sin embargo, es importante destacar que aunque estas cifras pueden no parecer exorbitantes, sí marcan un cambio en la dinámica de vigilancia sobre el ciudadano común.
De hecho, se ha incrementado la cantidad que se debe informar para extracciones de efectivo, que ahora corresponde a un millón de pesos, y las transferencias bancarias entre billeteras virtuales se fijan en dos millones. Lo que lleva a reflexionar: ¿realmente se necesita un mayor control en transacciones de bajo volumen, o solo se busca una justificación para incrementar la capacidad de supervisión del estado?
Aunque el gobierno arguye que estas medidas no afectan directamente al consumidor final, ya que no alteran sus obligaciones fiscales, surge una discriminación sobre el tipo de transacciones que se miden.
Estas actualizaciones imponen una carga administrativa a las entidades financieras y billeteras virtuales, obligándolas a recopilar y enviar información detallada sobre sus usuarios. La pregunta es si este enfoque no terminará por afectar a aquellos que realizan pequeñas transacciones con la misma intensidad que a quienes mueven grandes cantidades.
La implementación de la Resolución General 5512/2024, que articula estas medidas, busca una mayor trazabilidad de las operaciones financieras. Sin embargo, se plantea la incógnita de si esto se traduce en una forma efectiva de combatir la evasión fiscal o si, en el fondo, se trata de un control estatal creciente sobre la economía personal de los ciudadanos.
Estos cambios se producen en un contexto donde el uso de billeteras virtuales ha crecido exponencialmente. Es indudable que el avance hacia la digitalización ha facilitado que más ciudadanos accedan a servicios financieros. En este panorama, el incremento en los controles podría considerarse necesario para asegurar la legitimidad de las transacciones, pero también refleja un temor a la disidencia en un ambiente de incertidumbre económica.
La pregunta que queda en el aire es: ¿están los ciudadanos dispuestos a sacrificar parte de su autonomía económica en nombre de una mayor seguridad fiscal?
La expansión del control fiscal puede resultar en la creación de un sistema que discrimina a quienes solo desean participar en la economía moderna sin ser constantemente monitoreados y justificados ante una burocracia fiscal.
ARS$600.000:
ARS$1.000.000:
ARS$2.000.000:
