La defensa del exministro de Transportes sostiene que la Fiscalía y las partes deben tener conocimiento de las declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo antes de que estas lleguen a la prensa, como ha vuelto a ocurrir en esta ocasión
El juez del Supremo pide el suplicatorio al Congreso para investigar a Ábalos por cuatro delitos
El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue la filtración a la prensa de los vídeos de su declaración, la de su ex asesor en el ministerio Koldo García y la del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, ante el “juicio paralelo” que dice sufrir.
En un escrito de este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, el que fuera 'número tres' del PSOE se refiere a las grabaciones que prestaron él de forma voluntaria y Koldo y Aldama como imputados los días 12, 16 y 17 de diciembre, y que se conocieron este jueves por la tarde.
“Se está pudiendo observar a través de los medios de comunicación y, concretamente, en las distintas cadenas de televisión, el juicio paralelo al que está siendo sometido mi defendido en la presente causa”, defiende su abogado.
La defensa se declara indignada por el hecho de que las declaraciones se hayan publicado en prensa cuando el exministro todavía no ha recibido estas grabaciones. “Quien primero debe tener conocimiento de las mismas son el Ministerio Fiscal y las partes personadas y no los medios de comunicación, como así ha ocurrido”, sostiene.
Por ello, el exdirigente socialista pide al instructor del caso, Leopoldo Puente, que “proceda a aperturar una investigación sobre la filtración que se ha producido y que también se ha estado produciendo con anterioridad”.
El propio Ábalos ha anunciado la presentación de este escrito en la red social X (antes Twitter), pero denunciando que ya llega “tarde” porque “el propio escrito ya ha sido filtrado a los medios”.
“Ahora que tanto se habla de 'filtraciones' y como ya vengo sufriendo desde hace tiempo, hoy me he visto en la necesidad de solicitar al magistrado Leopoldo Puente, la apertura de una investigación sobre la filtración a los medios de comunicación de las imágenes de mi declaración en el Tribunal Supremo el pasado 12 de diciembre sin que, a día de hoy, todavía no se le haya dado traslado a mi defensa en el 'Caso Delorme'”, ha asegurado.
“Desde el inicio de esta causa, todo ha sido una continua sucesión de filtraciones de elementos de una investigación que es reservada con el ánimo de generar un juicio mediático paralelo y mi descrédito personal, social y político. Resulta muy lamentable comprobar que esto no se ha detenido cuando en otros casos bien conocidos parece que son un crimen de 'lesa humanidad'”, añade.
Por otro lado, Ábalos ha presentado un recurso de súplica donde pide la nulidad de la investigación alegando que la Sala de lo Penal del Supremo solicitó formalmente el suplicatorio al Congreso de los Diputados sin dar margen para que la defensa recurriera.
Así, explica que el día 18 de diciembre el magistrado Puente decidió pedir el suplicatorio a la Cámara Baja y al día siguiente la Sala Segunda lo tramitó. Sin embargo, la decisión del instructor le fue notificada el mismo 19 de diciembre y la recurrió el día 20, aduciendo igualmente “nulidad absoluta” por entender que “se había vulnerado el derecho a la inmunidad parlamentaria” de Ábalos.
Entre otras razones, en ese primer recurso el exministro de Transportes esgrimía que había sido objeto de una investigación ilegal por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil porque interceptó un sobre dirigido a él cuando ya investigaba el 'caso Koldo' pero sin que pudiera dirigirse contra él por ser aforado.
“Pues bien, este recurso no fue estimado o desestimado (hasta la presente fecha) por el magistrado instructor, por ende, existe una vulneración a la tutela judicial efectiva”, afirma la defensa en este recurso de súplica.
La acusación popular ejercida por el Partido Popular ya ha mostrado su oposición a este primer recurso de Ábalos. Los populares recalcan que el exministro “no ha sido objeto de ni una sola de las medidas limitativas de derechos fundamentales acordadas en el seno” de la causa, “respetándose rigurosamente las prerrogativas que su condición de diputado lleva aparejadas”.
